Fue una intensa negociación que tomó casi 18 horas. Durante la semana, acordaron que en este proceso electoral el padrón electoral atravesará por un proceso de saneamiento con el apoyo técnico de la Organización de Estados Americados (OEA) y económico de la Unión Europea.

El presidente de la comisión de Constitución, Óscar Ortiz, destacó que la ley que se aprobará hoy le pone límites a la reelección de autoridades para que se respete estrictamente lo que establece el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. “El documento refleja fielmente el mandato y establece que una persona solo puede ocupar un cargo electivo por dos periodos de forma continua”. De esta forma, el MAS aceptó que no podrá participar el binomio conformado por Evo Morales y Álvaro García Linera.

Un sector de ese partido insistió hasta último momento en el argumento de que Morales, al no haber concluido su gestión, podía ser postulante. Esto generó un debate interno muy intenso. Al final, se impuso el ala menos radical.

El segundo punto de consenso fundamental fue que la gestión de los vocales electorales que serán elegidos será de seis años. “De esta forma se cumplirá al pie de la letra lo que establece la CPE, y tras una larga discusión al respecto, ambas partes concluimos que se debe respetar ese mandato”.

La norma, sin embargo, no definirá aún el mecanismo de selección. “Una vez que aprobemos la convocatoria, la Asamblea aprobará los primeros días de la siguiente semana el reglamento de la convocatoria, para que corran los plazos con tiempos acortados, para que en los 15 días que nos pide la presidenta Jeanine Áñez, tengamos ya conformado el nuevo tribunal electoral”.

Adelantó que los ciudadanos deberán presentar sus postulaciones en la Asamblea, y que el desafío será hacer el proceso de evaluación en el menor tiempo posible “para elegir a aquellos que gocen de amplio consenso, y tengan credibilidad”.

El senador del MAS, Efraín Chambi, adelantó que se buscará a personas expertas en el manejo electoral, del sistema electoral. “Habrá una convocatoria, y la prioridad será la meritocracia”.

Óscar Ortiz remarcó que el tercer consenso logrado fue que al generar un nuevo proceso electoral, los partidos y alianzas podrán partir de cero. “Es decir, presentar nuevos candidatos, tanto a presidente, vicepresidente, como a senadores y diputados. Al mismo tiempo, podrán presentarse todas las organizaciones políticas habilitadas por el TSE, en el nivel nacional para las elecciones generales y éstas tendrán la libertad de conformar nuevas alianzas o ir solas, si lo determinan”.

La ley dejará en manos del nuevo Tribunal Supremo Electoral la determinación acerca de si será necesario o no prorrogar el mandato de la presidenta Jeanine Áñez, de diputados y senadores. Esa determinación deberá salir de la Sala Plena de ese ente cuando defina el calendario electoral para la organización de los comicios.

“Eso será una consecuencia de la planificación del TSE. Lo que se le da son 48 horas para que presente al país la convocatoria y el calendario”, explicó el presidente de la comisión del Senado.

Posteriormente, publicarán el cronograma electoral a detalle. Existe preocupación, porque es casi un hecho de que ese calendario no alcanzará para que el 22 de enero se pueda realizar el cambio de Gobierno.

El nuevo tribunal tendrá el apoyo de la Unión Europea y la OEA para acompañar y establecer la fecha más corta posible para llevar adelante las elecciones de acuerdo a los estándares internacionales de la democracia.

El senador del MAS Efraín Chambi explicó que la prórroga, si es necesaria “será una decisión que dejaremos al nuevo TSE, para que generen los plazos técnicos. Nosotros tenemos un mandato hasta el 22 de enero, ahí termina nuestra gestión. No queremos hablar de prorrogarnos, será un criterio del TSE, que además tendrá que ver aspectos técnicos”.

Es un tema que puede ser delicado porque podría generar malestar en la ciudadanía. Sin embargo, los proyectistas de la ley apuestan al aval de la comunidad internacional y al concurso del Tribunal Constitucional para que este aspecto sea superado.

Anoche, una comisión técnica introdujo los consensos logrados en el proyecto de ley que no tiene más de 15 artículos, y luego la comisión de Constitución aprobó la norma. El Senado la tratará en su plenario desde las 9:00.

La presidencia de la Cámara de Diputados emitió un comunicado dirigido a sus asambleístas, e indicó que convocará a sesión con dos horas de anticipación. Se prevé que eso ocurra después de las 15:00 de hoy.

El senador Chambi confirmó que el MAS puso a disposición sus dos tercios para que ambas cámaras aprueben la norma hoy.

Por su parte, Óscar Ortiz remarcó que se harán todas las gestiones en la Asamblea para que la presidenta Áñez pueda promulgarla de forma inmediata.

Tensión

La jornada de negociaciones fue intensa, y no se llevó adelante en la Plaza Murillo. El escenario de las conversaciones fue el edificio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ubicado en la calle 14 de Calacoto.

Cinco obispos de la cúpula de la Iglesia católica, el embajador de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre y su equipo; el enviado de Naciones Unidas para la crisis boliviana, Jean Arnault, acompañaron en primera línea las conversaciones.

Además de Ortiz, del Ejecutivo participaron dos ministros, el de la Presidencia, Jerjes Justiniano, y el de Justicia, Álvaro Coímbra. Del MAS, la presidenta del Senado, Eva Copa, varios asambleístas, pero también dos exministros, Carlos Romero y Héctor Arce.

Al llegar la noche, fue evidente de que el acuerdo legislativo va muy bien, pero fuentes que estuvieron en esa reunión revelaron que la negociación con las exautoridades es la que tomó más tiempo y aún está en proceso.

El viernes sesionó la Cámara de Diputados y sus asambleístas manifestaron su malestar por la cantidad de muertos que superan los 30 en los días de conflicto, por la represión policial y militar a la que fueron sometidos manifestantes que intentaban llegar a la plaza Murillo con los ataúdes de personas que perdieron la vida en Senkata, y por la detención del vicepresidente del MAS, Gerardo García. Los legisladores del partido de Morales pidieron que pare la persecución política.

El senador Ortiz declaró anoche que “ese es un trabajo paralelo, en el cual obviamente hay una mesa de diálogo que promueve la comunidad internacional entre el Ejecutivo y el MAS. Eso seguirá avanzando y en función a ello se hará conocer al país las conclusiones que se puedan lograr”.

Sin embargo, se pudo conocer que la negociación pasa por lograr una especia de amnistía en favor de las exautoridades. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó ayer ante la Fiscalía de La Paz, dos demandas penales contra el expresidente Evo Morales y el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. La autoridad explicó que las figuras penales por las que se pide procesar a ambas autoridades son sedición y terrorismo, y se solicitará en ambos casos las penas máximas establecidas en el ordenamiento jurídico, de 15 a 20 años de cárcel.