Etimológicamente, la palabra democracia es el gobierno del pueblo. Se incurre en despotismo cuando alguien ejerce de manera absoluta y arbitraria la autoridad, sin limitación alguna por parte de las leyes o de otros poderes. El despotismo constituye un abuso de poder o de fuerza en el trato hacia otras personas. El poder está por encima de la razón, lo que significa que la voluntad del gobernante está por encima de la ley. El que ejerce el despotismo es una persona que abusa de su autoridad para imponer su voluntad a los demás. Los despotismos son propios de los sistemas totalitarios, absolutistas o tiránicos. Por tanto, la democracia es contraria al despotismo.

El año pasado, la Unidad de Investigación de The Economist calificó como híbrida la democracia en Bolivia; es decir que la ubica entre un sistema defectuoso y un sistema dictatorial, con base en parámetros como proceso electoral y pluralismo, libertades civiles; el funcionamiento del gobierno; participación política y la cultura política. A su vez, el Índice de Estado de Derecho 2017-2018, que se elabora sobre la base de más de 110.000 encuestas a hogares y 3.000 consultas a expertos y que mide más de ocho indicadores, ubica la democracia en Bolivia entre los últimos lugares del continente

La Constitución Política del Estado en el Art. 11.II.1 establece la Democracia, que es “Directa y participativa, por medio del referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley”.

El 10 de octubre de 1982 es la fecha en la que se recuerda el retorno al Estado de Derecho, mediante la asunción de un gobierno constitucional, después de la caída de los regímenes de facto que enlutaron a la familia boliviana. Hoy las y los bolivianos se encuentran con un sistema democrático totalitario. Por ejemplo, se pretendió impedir el ejercicio del derecho a la protesta en la plaza principal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 24 de septiembre, como se hace desde hace mucho en la plaza Murillo de La Paz. El Órgano Judicial está contaminado, las denuncias lo señalan como un brazo de persecución y castigo a los circunstanciales adversarios del actual Gobierno, existen bolivianos autoexiliados y otros que están presos denunciando persecución política.

La herida que sangra nuestra democracia es que se pretenda ignorar el voto del pueblo, emitido libre y soberanamente en el referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que se rechazó la posibilidad de que Evo Morales y Álvaro García vuelvan a ser candidatos. En estas elecciones de 2019, Morales impuso al TCP torcer esta decisión para vulnerar la CPE, obviando el Art. 168. Ante esta vulneración flagrante, las Plataformas e instituciones comenzaron a gritar “BOLIVIA DIJO NO” en las calles, plantones y en actos a los que el presidente y el vicepresidente asisten.

Morales olvidó que en los 13 años de gobierno se registraron varios casos emblemáticos de vulneración a los derechos humanos, como en Caranavi, Chaparina, Apolo, represión a personas con discapacidad, en Achacachi y ADEPCOCA, entre otros, que quedaron en la impunidad.

Estamos viviendo una tiranía porque Morales ejerce y goza de un poder absoluto, no se limita por las leyes ni por la Constitución, que es la norma suprema. Por esas acciones arbitrarias, las Plataformas e Instituciones Cívicas han organizado los cabildos, en beneficio del soberano, que empieza a reflexionar contra ese poder absoluto que ejerce el gobierno.

Por tanto, exigimos que cumpla el Art. 172 de la CPE, que manda: “El presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución”, no más persecución, no más violencia, no más despilfarro, no más corrupción, no más autoritarismo, no más tiranía. Democracia y respeto a la Constitución, SÍ. Respeto al Estado de Derecho, SÍ.

La autora es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.