Organizaciones de derechos humanos, redes, plataformas y colectivos de la sociedad civil organizada firmaron un pronunciamiento, donde manifiestan su preocupación por la situación de violencia extrema que azota a la ciudadanía boliviana y piden, que de comprobarse que el expresidente Morales organizó cercos, se deben aplicar las responsabilidades penales en su contra y de responsabilidad internacional, en caso de omisión contra los Estados de México y Bolivia.

“De comprobarse que Evo Morales ordenó, organizó, instigó y/o cooperó de alguna manera el cerco o sitio implantado a varias ciudades de Bolivia, con el fin de desabastecerlas de alimentos, se deberán aplicar las responsabilidades penales en contra de la ex autoridad y de responsabilidad internacional –en caso de omisión–  en contra de los Estados de Bolivia y de México”, afirma el comunicado. 

Dicho pronunciamiento lamenta la “violencia indiscriminada que ya ha cobrado muchas vidas y ha dejado profundas heridas que, como sociedad democrática, demoraremos en restañar”.

Las organizaciones recuerda  que “el actuar para desabastecer las ciudades de los alimentos básicos, genera graves violaciones de derechos humanos. Aislar una zona para desabastecerla o causar hambruna, no es permitido por el Derecho Internacional Humanitario”.

Los Convenios de Ginebra (CG) impiden utilizar el hambre, aún como método de guerra. La prueba de que se trata de un ilícito internacional –incluso en el contexto de un conflicto armado– es que el hecho de hacer padecer hambre es considerado como crimen internacional susceptible de ser enjuiciado por la Corte Penal Internacional, afirma el comunicado.

Refieren las entidades firmantes que la Relatora Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Hilal Elver, ha recalcado que el uso de la hambruna “como herramienta de guerra”, basada en el bloqueo del acceso de la población civil al agua y los alimentos, debe ser considerado “un crimen de lesa humanidad” y debe impedirse que haya impunidad con quienes emplean esta táctica en los conflictos. 

Asimismo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha establecido que el hambre provocada deliberadamente, ya sea en tiempo de guerra o de paz, puede constituir también genocidio o un crimen de lesa humanidad.  

Los que suscriben el documento también hacen notar que la propia Constitución, en su artículo 16, “consagra como derechos fundamentales, el derecho al agua y a la alimentación; además Bolivia se ha obligado, a través de diversos tratados de derechos humanos, a respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación”. 

Entre las organizaciones firmantes del comunicado se encuentran las siguientes: 

• Asociación Boliviana de Ciencia Política
• Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano y Regional (CEDURE)
• Construyendo Redes para el Desarrollo
• EducaciónRadiofónica de Bolivia (ERBOL)
• Foro Político de Mujeres de Cochabamba
• Fundación Jubileo
• Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia
• Oficina Jurídica para la Mujer

Ruta por la Democracia
 
Otro pronunciamiento referido a la coyuntura, el de las organizaciones de la Ruta por la Democracia, insta al sistema político a “garantizar la convocatoria a elecciones mediante un amplio acuerdo nacional, que incluya a todas las fuerzas políticas activas sin exclusión alguna”.

En ese sentido, piden al conjunto del sistema político pacificar el país para evitar mayor violencia y muerte.

Para llevar a cabo las elecciones, solicitan conformar un Órgano Electoral independiente, idóneo, sólido, transparente y confiable.