“La ley de acceso a datos tiene riesgos políticos y electorales”

La exautoridad manifestó que el proyecto “vulnera” las normas internacionales y la propia Constitución, “que garantiza la vida privada de las personas”.

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María Carballo  / La Paz

 El proyecto de ley que permitirá al Gobierno acceder a datos personales de la ciudadanía implica riesgos “políticos y electorales”, sostiene el exvocal de la extinta Corte Nacional Electoral (CNE), Jorge Lazarte.

En entrevista con Página Siete, la exautoridad explicó los peligros y vacíos legales  de esta propuesta,  que ya fue aprobada en la Cámara Baja. Advirtió que el Gobierno será el principal beneficiario con el acceso general a la información personal.

¿Cuál es el análisis general que tiene de esta norma?

Es preocupante, teniendo en cuenta el Gobierno que existe y sus prácticas. En los últimos años se ha producido un vuelco con respecto a lo que se había decidido en los últimos años:  la protección a la confidencialidad de los datos.

¿Se puede confiar en el Gobierno con este tipo de normas?

Si se toman en cuenta las pautas de comportamiento de este Gobierno, uno no puede pensar más  que hay propósitos dudosos, que hay fines distintos a aquellos que manifiestan públicamente. Este proyecto vulnera las normas internacionales y la propia Constitución que garantiza la vida privada de las personas. 

¿Se podía acceder antes a los datos personales?

Bajo la figura jurídica  de   habeas data se entregaban los datos a partidos políticos   solamente para fines electorales y después de una orden judicial. 

¿Hay riesgo de que se manipule el voto ciudadano?

Puede haber, pero no solamente se trata de la votación. Se trata también de que esta ley le permita hacer seguimiento de la vida privada de la gente. Al parecer hay propósitos electorales, propósitos políticos. Quizá puede servir para investigaciones criminales, pero es sólo una excusa para otros fines.

¿Qué riesgos concretos hay en este proyecto de ley?

Hay demasiados riesgos políticos y electorales, no para todo el mundo, pero sobre todo para aquellos quienes le importan o le interesan al Gobierno.

¿Cuál es el mayor riesgo?

Que el Gobierno tiene todo estatalizado y no hay capacidad de control sobre las cosas que el Gobierno hace. Lo mejor que puede pasar es que no se apruebe esta norma.

Otras entidades públicas o privadas también accederán a los datos, ¿qué opina?

Se dejan las puertas abiertas para que nuestros datos estén en todas partes, pero el que  aparecerá  como principal beneficiario es el Gobierno, por el control que ejercerá.

¿Cuál cree que es el objetivo del “formulario” que deberán firmar los ciudadanos para autorizar  el  acceso a sus datos?

Es una excusa para liberar responsabilidades y lo usan para calmar a la población y bajar un poco la presión social.
 
 ¿Qué piensa del rol del Tribunal Electoral en este contexto?

Los vocales están muy comprometidos o son demasiado ingenuos al interpretar y avalar esta normativa.

UD: Ley pasó al Senado sin que se analice recurso de   reconsideración

 Página Siete  / La Paz  

La diputada de Unidad Demócrata (UD) Shirley Franco denunció que el proyecto de ley de acceso a datos pasó al Senado sin que se tome en cuenta el pedido de reconsideración que  presentó el miércoles la oposición.

 “Esta reconsideración debe tratarse la siguiente semana en la Cámara de Diputados, pero de manera sospechosa e incumpliendo lo establecido en el Reglamento General de la Cámara de Diputados, la presidenta Gabriela Montaño trasladó el proyecto al Senado”, denunció.

El recurso -según los opositores-  consiste en solicitar  una nueva sesión para  volver a poner en debate   un proyecto que ya fue  aprobado. El pedido de reconsideración   fue presentado el miércoles, a las 16:50, ante la Presidencia de la Cámara Baja.

Según la oposición, había   un plazo de 24 horas, después de la sesión aprobatoria, para presentar el recurso. Sin embargo, de acuerdo con Franco, este plazo no fue respetado y el proyecto de ley ya fue derivado a una comisión del Senado.

Horas antes de este incidente, la presidenta Montaño fue consultada al respecto por la prensa. La legisladora sostuvo que  no recibió tal solicitud. “Pero si lo recibimos en el plazo establecido, se analizará como corresponde”. 

Las observaciones de la oposición a la ley de acceso a datos  se centran en el rechazo a la participación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) en el flujo de datos entre el Servicio de Registro Cívico  y Servicio General de Identificación Personal. El senador de UD, Óscar Ortiz, cuestionó que una entidad que dependa del Ministerio de la Presidencia acceda a la información  de las personas.

Montaño aclaró que la Agetic únicamente administrará esta información, que estará “encriptada”,  por lo que -afirmó- no hay  riesgo de manipulación.

Ortiz y el senador Edwin Rodríguez coincidieron en que cuando el proyecto se trate en el Senado, será rechazado por la oposición.

 Plataforma propone un “proceso consultivo”

Página Siete  / La Paz 

La Fundación InternetBolivia.org planteó  que  se debe realizar un proceso consultivo  para preguntar a la ciudadanía  si está de acuerdo o no en que se   acceda a sus datos personales.

“No se puede obligar a la gente a que firme algo y asegurar como dijo el ministro (Carlos) Romero que quien no firme es porque tiene algo que ocultar, no es así. Si bien el referéndum puede ser excesivo, pero  puede aplicarse un proceso consultivo”, explicó Cristian León, miembro de la plataforma.

El  proceso que menciona consistiría en que se pregunte a diferentes sectores  qué opinan del  proyecto de ley de acceso a datos, y de que el Gobierno acceda a datos personales.

“Consultar a los sectores, hacer un llamamiento público, eso es lo que correspondería, porque no sabemos ni cómo será ese formulario que se piensa distribuir”, afirmó.

Asimismo, León se refirió al monto económico que deberán pagar las entidades públicas y privadas  para poder acceder a la información de la ciudadanía. “Eso es completamente negativo. De acuerdo con convenios internacionales, todos los datos nos pertenecen a nosotros. Nadie, ni siquiera el Estado, puede comercializarlos”, aseveró. 

León también consideró  que el proyecto de ley -que ya fue aprobado en la cámara de Diputados- es positivo porque generará un flujo de datos en tiempo real y de manera más eficiente.

“Pero no se debe hacer si antes no existe una ley de protección de datos personales, una ley que genere garantías para los ciudadanos y les asegure que sus datos no serán utilizados de manera negativa ni tampoco serán manipulados por terceros”, afirmó el activista.