El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) cuestionó el informe presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA) que determinó la existencia de irregularidad en las elecciones generales del 20 de octubre en Bolivia. En un documento, aseguró que dicha resolución “no aporta prueba alguna” que pudiera resultar definitiva para demostrar que hubo un supuesto fraude.

El domingo 10 de noviembre, la OEA hizo público su informe de “ Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia 20 de octubre de 2019–Hallazgos preliminares. Informe a la Secretaría General” , documento de 13 páginas donde concluye que, de acuerdo con los hallazgos preliminares, el equipo auditor no puede validar una victoria en primera vuelta y que las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano.

Como respuesta a este hecho, la Celag -entidad creada en 2014 y dedicada a la investigación, estudio y análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales de América Latina- señala que la auditoría de la OEA es cuestionable y que pretende “inducir en la opinión pública una deducción falsa: que el incremento de la brecha a favor de Evo Morales en el tramo final del conteo fuera ampliándose por causas fraudulentas y no por las características sociopolíticas y las dinámicas de comportamiento electoral que se dan entre el mundo rural y el urbano en Bolivia”.

A continuación las conclusiones a las cuales arribó el estudio de la CELAG:

1. Sobre el análisis de la interrupción del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares). El informe la OEA omite decir que, como señala el informe del CEPR, la práctica habitual, anunciada y acordada entre las partes con anterioridad al proceso electoral, incluía el compromiso de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de publicar datos preliminares obtenidos a partir del sistema de transmisión rápida TREP con una cantidad de actas verificadas del 80% del total. A las 19:40 horas del 20 de octubre, momento en que se detuvo la publicación de resultados, la carga de datos había alcanzado el 83,85% de las actas verificadas. Tal como señala el mismo informe, este desempeño del TREP fue similar en los anteriores procesos electorales bolivianos [5].

• Los gráficos del informe de la OEA sobre el sistema TREP no revelan nada excepto lo que ya sabíamos, esto es, que se interrumpió la carga de actas en el sistema con el 83,85% de las actas verificadas, y que luego se retomó. Mientras tanto, los gráficos sobre la ratio a favor/en contra de Morales sólo apuntalan una conclusión evidente: que, en las zonas cargadas a última hora de la noche -las zonas rurales- los apoyos de Morales son muy superiores a los recibidos en las zonas cargadas a primera hora de la noche.
• El informe de la OEA también introduce afirmaciones arbitrarias, sin fundamento técnico, al usar el término “inusual” para caracterizar el comportamiento de las tendencias en la carga de datos: “En el último 5% del cómputo, 290.402 votos fueron contabilizados. De estos, Morales ganó 175.670, es decir un 60,5% de los votos, mientras Mesa obtuvo solamente 69.199 votos, es decir, un 23,8%. En otras palabras, en el último 5% de votación, Morales incrementa el promedio de votación en un 15% comparado con el 95% anterior”. No es “inusual” que Morales hubiera obtenido porcentajes de apoyo en torno al 60%, e incluso superiores, en algunas zonas del país, y principalmente en las zonas rurales de los dos departamentos que se cargaron últimos: Cochabamba y Oruro. Véase al respecto los resultados de las elecciones de 2014, en las que en las localidades rurales el MAS obtuvo una media de 84% de los votos, o las elecciones de 2016 en las que el 71% votó por el Sí en el Referéndum.
• A partir de un ejercicio matemático riguroso resulta plenamente posible que la proyección de los resultados del TREP al 100% hubiera resultado en una diferencia a favor de Morales superior al 10%, lo cual se deriva del hecho de que las zonas de mayor peso electoral del MAS eran las que estaban menos avanzadas en el cómputo. Suponiendo que del 16,15% de las actas que faltaban cargar al momento de detenerse el TREP, un tercio hubieran correspondido a áreas urbanas, tal como sostuvo el candidato Carlos Mesa, y dos tercios hubieran correspondido a voto rural, y con la hipótesis conservadora de que Morales hubiera obtenido un apoyo del 60% en estas zonas, el resultado final hubiera sido 47,3% vs. 36,4%, es decir, una diferencia de 10,9 puntos. Este resultado es consistente con el que finalmente se obtuvo del cómputo oficial.
• Tal y como constataron las proyecciones realizadas por el CEPR:
  • “El recuento de votos oficiales legalmente vinculantes no se detuvo durante ningún período significativo, y la tendencia en los resultados en el recuento oficial es muy similar a la tendencia en los resultados de la transmisión rápida”.
  • “Los resultados del TREP no resultan difíciles de justificar ni ‘inusuales’”, como señala la OEA, sino que “la brecha entre Morales y Mesa se amplió constantemente a medida que avanzaba el proceso de conteo”.
  • “Los resultados parciales de la transmisión rápida hasta el momento de su interrupción predicen un resultado que es extremadamente cercano a los resultados finales”.
• Cabe aclarar que, a pesar de que la OEA centra principalmente su auditoría en el sistema TREP, el único resultado vinculante según la legislación boliviana es el que emana del cómputo oficial de los votos. El sistema TREP, implementado por el país a partir del año 2016 por recomendación de la propia OEA, tiene un carácter preliminar y no brinda resultados oficiales. Resulta muy llamativo que el informe haga escasas y escuetas alusiones al cómputo oficial sin ningún tipo de sustento técnico que avale las afirmaciones que realiza.
• A su vez, de manera poco rigurosa, la OEA señala en su informe que: “Es previsible suponer que de contar con más tiempo para procesar mayor documentación se hallaría un número aún mayor de irregularidades”, lo cual no puede constituir de manera alguna una demostración fehaciente de la existencia de dichas irregularidades.
• Sobre el análisis de una supuesta falsificación de firmas en las actas del cómputo oficial. Los pocos párrafos en que el informe de la OEA dedica a analizar este punto se basan en una muestra no representativa del total de las actas. Se observan única y exclusivamente 333 de las actas (de 34.555), de las cuales 78 (un 0,22% del total) tendría irregularidades, las cuales no son una muestra aleatoria del total sino todo lo contrario: constituyen una muestra sesgada por su selección. Tal como señala el informe: “Para conformar esta muestra, se seleccionaron mesas en las que el MAS obtuvo el 99% de los votos y las mesas consecutivas, es decir, las del mismo centro de votación.” Cualquier auditoría rigurosa habría realizado una muestra aleatoria del conjunto de las actas para poder establecer una conclusión estadísticamente relevante.
• Por último, tal y como nos recuerda el informe del CEPR, es necesario remarcar que existen en el sistema electoral boliviano otros mecanismos plenamente vigentes que actuaron durante todo el proceso para garantizar la transparencia de las elecciones.

• 207.322 ciudadanos bolivianos participaron como jurados de votación en esta elección, a razón de seis por cada mesa electoral. Todos los jurados de votación deben firmar las actas de escrutinio al finalizar el mismo.
• Los delegados de los partidos políticos participan del escrutinio y avalan el cómputo realizado en cada una de las 34.555 mesas electorales.
• Finalmente: las imágenes de las actas de conteo están disponibles en línea para cualquier persona que desee confirmar que la información en las hojas de conteo físico coincide con la información ingresada en el sistema del cómputo oficial.