Medio: El Deber
Fecha de la publicación: jueves 12 de abril de 2018
Categoría: Legislación electoral
Subcategoría: Leyes nacionales y decretos reglamentarios
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, ratificó este jueves que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic), dependiente del Ministerio de la Presidencia, no manipulará los datos de la ciudadanía. Para la oposición es un "cheque en blanco" dado al Gobierno.
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"Queda claro: la Agetic únicamente administrará lo que es la plataforma de interoperabilidad (conexión) donde los datos viajan encriptados, por lo tanto, no tiene acceso a los datos del Segip ni del Sereci (Servicio de Registro Cívico), ni podrá modificarlos", explicó Montaño en conferencia de prensa.
Montaño admitió que habrá entidades públicas que podrán comprar esa información, lo que alarmó aún más a los opositores.
El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de leypara la modificación del artículo 79 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), con la cual el Sereci podrá otorgar al Segip acceso de consulta en línea mediante mecanismos de interoperabilidad (conexión), a todos los datos de certificados de nacimiento, estado civil y certificado de defunción de las personas naturales registradas en su base de datos, además del registro biométrico. Es decir que para que el Segip y el Sereci intercambien información, lo harán a través de Agetic.
Desde su propuesta, este proyecto de ley generó varios cuestionamientos en la oposición, que denunció que con esta norma se vulnerará la privacidad de los datos personales de la ciudadanía, algo que va en contra del artículo 30 de la Constitución Política del Estado (CPE) que garantiza el derecho a la privacidad de los ciudadanos.
Ortiz: "Cheque en blanco" al Gobierno
Para el senador de UD, Óscar Ortiz, aseguró que con este proyecto de ley se le otorga "un cheque en blanco" a la Agetic porque no se garantizaría un resguardo adecuado a los datos de la ciudadanía.
"Lo que la ley hace es dar a la agencia un cheque en blanco para difundir con distintas entidades públicas, que no se las menciona en la norma, datos de las personas, por lo que nosotros creemos que cualquiera de estas normas debe tener en cuenta la garantía constitucional", indicó.
Asimismo, Ortiz propuso que se aprueben cláusulas de protección de los datos en cuestión y que se especifique las sanciones que tendrán los funcionarios o funcionarias que mal utilicen estos registros.
