El Gobierno considera que, de comprobarse que Evo Morales alienta los bloqueos y financia grupos armados en el país para ejercer presión en contra de la presidenta Jeanine Áñez, debe ser juzgado como un “ciudadano común” e inclusive detenido por la Interpol en cualquier país, debido a que ya no goza del fuero de un mandatario.
El expresidente anunció el miércoles que se defenderá en los procesos que se instalen en su contra en Bolivia, entre ellos el de un abogado y del diputado Rafael Quispe por una decena de delitos, entre ellos alzamiento armado, asociación delictuosa, organización criminal, terrorismo y financiamiento al terrorismo.
Aunque luego puntualizó, con base en consultas que hizo con expertos, que corresponde en su caso un juicio de responsabilidades.
El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, explicó este jueves, en una entrevista con la red ATB, que de acuerdo con la ley especial de procesamiento de altas autoridades del Estado “solo permite juzgar a presidentes y expresidentes por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”, lo que en su criterio no aplica al caso de la llamada telefónica atribuida a él, en la que se escucha dar instrucciones para un bloqueo que prive de alimentos a los habitantes de La Paz.
“El señor Evo Morales decidió renunciar el 10 de noviembre y decidió salir del país” recordó la autoridad del Estado y luego añadió que “la Constitución le permite a un Presidente poder salir del país hasta un plazo máximo de 10 días sin autorización del congreso, siempre y cuando viaje en misión oficial”.
Para Justiniano, Morales dejó de ser presidente cuando dejó territorio boliviano con el fin de asilarse en México “para salvar la vida”.
“En el momento en que pisa el avión y sale del espacio territorial independientemente de su renuncia dejó de ser Presidente y si ese audio se confirma que es la voz del señor Morales quiere decir que cometió ese delito después de ser Presidente, por lo tanto lo cometió no en el ejercicio de sus funciones y el deberá ser juzgado como un ciudadano común”, puntualizó.
Esto implica —dijo— que las autoridades competentes deben citarlo para que el exmandatario retorne al país para asumir defensa y si no eso no ocurre se debe expedir una orden de captura internacional para que se lo detenga en el país que resida.
“Tendrá que venir, dudo mucho que quiera venir, entonces deberá expedirse una orden de captura internacional con noticia roja para que Interpol pueda proceder a su búsqueda y captura a nivel internacional en cualquier país del mundo y tendrá que responder por esos delitos”.
Justiniano aclaró que ese procedimiento corre “obviamente si se comprueba la participación en esa llamada y en los actos hostiles y en armamentar (armar) y financiar” a las personas que causan convulsión en varios puntos del país, entre ellos El Alto y Sacaba, donde fallecieron unas 17 personas.
Desconfianza en la Fiscalía
No obstante, el Gobierno desconfía de la labor del Ministerio Público, entidad a la que calificó de negligente y sin imparcialidad.
Por ello, ha decido impulsar por cuenta propia y a través de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) un proceso de investigación del origen del dinero que supuestamente financia los actos vandálicos.
“Como lamentablemente no vemos una investigación objetiva por parte del Ministerio Público, el Gobierno tiene que buscar otros mecanismo legales de investigación, estamos procediendo a solicitar a la UIF que se empiece a investigar el origen y procedencia de eso dineros”, dijo Justiniano.
El miércoles, en otra entrevista, esta vez en la red Uno, recordó que se en los operativos de encontró por ejemplo una mochila con una fuerte suma de dinero con precintos del estatal Banco Unión.
“Hay que investigar al interior del banco unión quine s tiene cuenta quienes podrían mantener esas cuentas, se puede hacer esa investigación, ya la estamos realizando ante la negligencia del Ministerio Publico”, anunció.
Redacción: Leo.com
