La Fundación “Internet Bolivia”, pidió que el proyecto que busca modificar la Ley del Órgano Electoral sea acompañado de un marco legal de protección de datos personales que garantice los derechos digitales de la ciudadanía.

“Hasta el momento, Bolivia carece de un marco legal que garantice el uso ético de los datos personales y que esclarezca sus alcances. Por ende, el mayor peligro no es la interoperabilidad sino los vacíos legales con respecto a la recolección, resguardo y uso de la información”, señala le mencionada fundación en un comunicado lanzado respecto a la propuesta de modificación de la Ley del Órgano Electoral.

Ayer, la Cámara de Diputados aprobó en detalle la mencionada Ley que, entre otras cosas, permitirá al Servicio de Registro Cívico (Sereci) y al Servicio General de Identificación (Segip) intercambiar informáticamente datos concretos sobre el nacimiento, defunción y estado civil de los ciudadanos para facilitar sus trámites.

Esta mañana, en conferencia de prensa, la presidenta de la cámara de Diputados, Gabriela Montaño, señaló que en el proyecto de Ley se especifica que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic) tendrá como única atribución facilitar la instalación de plataformas de interoperabilidad entre el Sereci y el Segip, que le permitan al ciudadano contar con un mejor servicio y no tendrá acceso a los datos en sí mismos ni tampoco podrá administrar o modificar los mismos.

Al respecto, la Fundación “Internet Bolivia” señala que el proyecto de Ley no implica en sí mismo una vulneración a los derechos de privacidad de la ciudadanía “en tanto se enmarca en el objetivo de interoperabilidad de bases de datos para la simplificación de trámites estatales” y la “comunicación entre distintos sistemas informáticos que permite reducir tiempos de procesamiento de información, adecuación e integración de los datos y evitando pedir a la ciudadanía largas listas de requisitos”.

Sin embargo, advierten que la interoperabilidad debe llevarse a cabo bajo principios de seguridad de información: autenticación, integridad, disponibilidad y confidencialidad. Asimismo, la Fundación recalca que la intención de que los datos sean compartidos entre diferentes entidades a través de la AGETIC debe tener, imperiosamente, el consentimiento de la ciudadanía.

“Que no exista marco legal para estas actividades, no significa que se extingue el derecho de las personas a decidir qué destino tendrán sus datos personales. Entonces, es pertinente que este anteproyecto sea acompañado de un marco legal de protección de datos personales que garantice los derechos digitales de la ciudadanía y que el anteproyecto sea público para que la ciudadanía interesada exprese sus criterios al respecto”, finaliza el documento.