La OEA plantea que el nuevo TSE defina fecha de comicios

Página Siete  / La Paz

El jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Rodolfo Piza, expresó ayer su respaldo al proyecto de elecciones presentado por el Gobierno y planteó que sea el nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) el que defina la fecha de las próximas elecciones generales.

“Valoramos el avance que pueda tenerse en los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo y lo que corresponde por las fracciones, y ojalá alcancen un consenso para llamar a un proceso de elecciones”, afirmó Piza.

El representante de este organismo internacional llegó al país en una misión exploratoria sobre el proceso electoral y en una misión de colaboración en el avance de la pacificación del país y fortalecimiento de la democracia.

Piza se reunió con la presidenta transitoria Jeanine Añez en Palacio Quemado, con quien conversó sobre la coyuntura política, marcada por una fuerte convulsión social que ya se cobró más de 20 vidas. También sostuvo reuniones con otros sectores y actores políticos.

El enviado de la OEA afirmó que el único mecanismo existente para pacificar Bolivia es convocar “lo antes posible” a nuevas elecciones “libres, transparentes, objetivas y confiables”, y ratificó el respaldo de ese organismo regional al proceso democrático en el país.

“Mas allá de las diferencias, una de las cosas que hemos oído es que la pacificación puede ayudarse mucho con un proceso de llamamiento a elecciones y las elecciones pueden servir como instrumento para la pacificación”, insistió el representante de esa delegación.

Asimismo, valoró la normalización de las actividades en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para comenzar a tratar dos proyectos de ley que permitan garantizar ese proceso democrático, en el marco de la vigencia del Gobierno transitorio.

El miércoles, la Comisión de Constitución del Legislativo recibió los proyectos de ley que remitieron la presidenta Jeanine Áñez y la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) para la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la convocatoria a nuevas elecciones.

El proyecto presentado por el Órgano Ejecutivo para que se realicen las nuevas elecciones toma en cuenta las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Las organizaciones internacionales dicen que aún teniendo hoy (autoridades de) un TSE y TDE trabajando, sería difícil tener una elección hasta el 20 de enero. Como Gobierno no podemos establecer esos plazos”, afirmó el ministro.

El proyecto de ley de convocatoria a nuevas elecciones del MAS plantea incluir a todos los candidatos de octubre, es decir también a Evo Morales y a Álvaro García Linera, y un Tribunal Supremo Electoral integrado también por representantes de organizaciones sindicales, como la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación de Trabajadores Campesinos (Csutcb), el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyo (Conamaq), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y, de ser pertinente, “dos representantes de una comisión mixta del Legislativo”.

La misión de la CIDH

Asimismo, Rodolfo Piza anunció que a partir de este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recogerá en el país  las “observaciones atinentes a los temas que son de competencia de la CIDH, que también forma parte de la Organización de Estados Americanos”.

La CIDH envió al país una delegación con el fin de observar la situación política y social que atraviesa el país. Esta visita se da en respuesta a la invitación realizada por el Gobierno durante la reunión del Consejo Permanente de la OEA el pasado 12 de noviembre.

Anteriormente, la CIDH emitió una alerta sobre el polémico Decreto Supremo 4078, que libra de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas durante los conflictos, y advirtió que dicho decreto desconoce los estándares internacionales de derechos humanos.

“El decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FFAA que participen en los operativos para el reestablecimiento y estabilidad del orden interno”, afirmó la CIDH.

Detalla que este decreto desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y “por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH”, afirmó.

En el país, dicho decreto también fue cuestionado.