El ‘socialismo militar’, con sus heterogéneas consignas, tampoco pudo estabilizar la demanda de cambios que resultaban imperativos y la ideología obrerista igualmente resultaba demasiada estrecha para un país movilizado con fuerte presencia rural e indígena. En términos de interpelación, es desde luego el NR el más eficaz y el entonces pequeño partido fue capaz de proyectarse nacionalmente participando en la fase final del socialismo militar de Villarroel.

Con frecuencia, la mirada crítica al movimientismo sostiene que los cambios que impulsaban y después se concretaron fueron alcanzados en países de América Latina sin necesidad de una revolución social. Pero lo evidente es que las élites de lo que se denominó ‘la rosca’, no estaban dispuestas a ceder su situación de privilegio y la represión del ‘sexenio’ no alcanzó a eliminar a sus poderosos detractores, ese momento de raigambre popular. Y por eso las elecciones de 1951, aún con voto calificado, fueron desconocidas, ‘mamertazo’ de por medio, con lo que ese régimen selló su final. Eso es abril, el empuje más o menos organizado de un pueblo que no acepta que un puñado de políticos ya decadentes, se mantenga como gobierno y se lo expulsa mediante un inicial golpe de Estado, que dado el creciente malestar ante el ninguneo ciudadano, decide pasar a los hechos.

Descrito lo anterior, es difícil sustraerse a las analogías con el momento presente, donde también la voluntad popular expresada en urnas quiere ser ignorada por el oficialismo de turno. Para nada quiero insinuar una sublevación. Más bien destacar los ciclos políticos y como la ciudadanía, bolivianos y bolivianas necesitamos movilizarnos para que lo formalmente convocado y cuyo resultado descoloca al oficialismo y pretende desconocerlo, no tiene destino feliz: está jugando tiempo de descuentos. La chicana del masista Tribunal Constitucional simplemente no es aceptada, pues sin mencionar siquiera al referendo del 21-F encuentra el sentido común del voto ciudadano en contra, primero; y de las sólidas argumentaciones jurídicas como las de José Antonio Rivera y Carlos Alarcón, para solo citar las emblemáticas y recientemente de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (conocida como la Comisión de Venecia). Cuando conozcamos la opinión formal, si es que no dictamen, de la CIDH a cuya carta de derechos acude el oficialismo (Pacto de San José) quedará sin argumentos –ni siquiera los pobres de hoy– del caudillo desnudo.

Y habremos de encontrar el cauce para que los detentadores del poder político, ya mayormente deslegitimados, reconozcan que eso de la soberanía popular no había sido un cuento. Los movimientistas de los 50 llegaron a Palacio Quemado en olor de multitudes, los masistas también hace más de una década. Doce años después, en el primer caso, cedieron el poder al golpismo militar. Si algo aprendimos como comunidad política, en esta coyuntura quizás le demos una salida más inteligente, una apuesta ciudadana y no una ruptura democrática. De nuevo, la marea de la región está poniendo a prueba las capacidades de resiliencia política de las sociedades y el ignorar el mandato ciudadano no es parte de ese abanico de posibilidades.