El senador recordó que tanto San Telmo como Astilleros se encuentran dentro de la zona protegida de Tariquía y que la Constitución Política del Estado (CPE), en el artículo 385, especifica que antes de realizar cualquier acción de exploración o explotación hidrocarburífera se debe realizar una consulta previa a los habitantes de la zona protegida.

De igual manera, argumentó que la Ley de Hidrocarburos, promulgada en mayo del 2005 en los artículos 32, 129, 132 y 133, también señala la necesidad de la consulta previa a cualquier intervención, como lo establece el contrato entre el Gobierno nacional, la empresa Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Por eso nos vemos obligados, para que se cumpla la CPE y la Ley de Hidrocarburos, realizar una acción de inconstitucionalidad hasta que exista la consulta previa a todos los habitantes que están en este momento en la zona de Tariquía”, manifestó Fernández.

Por consiguiente, expresó que la próxima semana, conjuntamente con el apoyo de otros senadores y diputados, se presentará ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para exponer las acciones ilegales que cometió el Gobierno saltarse ese paso clave.

Indicó que por esas falencias el Gobierno está incurriendo en un acto delictivo, pero que sus funcionarios y representantes están acostumbrados a ir en contra de las leyes que ellos mismos promulgaron.

Entretanto, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, además de otros representantes del Gobierno nacional a nivel departamental, en numerosas entrevistas anteriores afirmaron que se realizó la consulta previa a los comunarios de la reserva, pero un grupo de campesinos de la zona negaron estas declaraciones.

Por otro lado, el gobernador de Tarija, Adrián Oliva Alcázar, pidió una audiencia al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, para que brinde información sobre los planes exploración y explotación de los campos San Telmo y Astillero, contratos que fueron promulgados este fin de semana por el primer mandatario.