“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su rechazo enérgico a las recientes manifestaciones públicas del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro Lemes, que intervienen en asuntos internos de los Estados y que conllevan intencionalidad política con el propósito de desestabilizar procesos democráticos de la región”, indica un comunicado de la Cancillería de Bolivia.

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de las redes sociales, sostuvo que, según la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, la reelección no es un derecho humano y decidió notificar con esa opinión jurídica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de la OEA.

En ese marco, la Cancillería del Estado considera que las recientes declaraciones efectuadas por Almagro sobre el tema de la reelección en el país tienen la intencionalidad política de desestabilizar procesos democráticos de la región. Por ese motivo, el Secretario General de la OEA actúo una vez más de manera unilateral, contraviniendo la propia Carta de ese organismo internacional, que establece el derecho de todo Estado de elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social, y de organizarse en la forma como más le convenga.

La Carta de la OEA también señala que el secretario de ese organismo no debe intervenir en los asuntos de otro Estado.

“La OEA es un organismo de Estados soberanos que tiene sus propios órganos y mecanismos de decisión. (Por lo tanto) la posición del Secretario General es política y parcializada, para respaldar la misma recurre a la Comisión de Venecia, que no tiene ningún rol en las Américas y cuyas opiniones no tienen valor jurídico vinculante”, agrega el comunicado.

Además indica que Bolivia respeta y defiende la soberanía de los Estados dentro de un contexto de integración latinoamericana.

“Bolivia lamenta que el Secretario General de la OEA una vez más actúe en pleno desconocimiento de la institucionalidad establecida en la organización y por encima de los Estados miembros, que son los que determinan los mandatos y toman las decisiones”, refiere el documento.