Una nación con estructuras económicas estables y un sistema democrático que funcione no se construye de la noche a la mañana. Los estadounidenses sentaron bases para un sistema de pesos y contrapesos en 1788, cuando el resto del mundo eran colonias y monarquías. No obstante, aún sufren de vez en cuando de una crisis “constitucional”. Ahora que se gesta una guerra civil en Washington, el mercado, su capacidad de crear empleos y demás indicadores económicos no se han visto afectados por esa brutal pugna política. Dudo que nosotros podamos darnos el mismo lujo.

En Bolivia se viene anunciando una inminente recesión. La caída en los precios de las materias primas, el déficit fiscal, inversiones truchas en elefantes blancos, falta de seguridad jurídica y trabas para la inversión privada, etc.,   auguran momentos difíciles. Existe gran consenso en que el gobierno de Evo Morales ha creado las condiciones para una tormenta cuyas desbordadas aguas han de llevarse el pan, techo y trabajo de millones de bolivianos.Reza el refrán que es mejor un muy mal plan que se puede ejecutar, que un plan brillante que sólo se queda en el tintero. Bajo las condiciones actuales, pensar que un gobierno de Carlos Mesa (u otro) tiene la capacidad política, estructura orgánica o visión como para hacer frente a esa inminente crisis es ser irresponsablemente optimistas.  

Para hacer frente a una recesión económica no sólo se requieren  herramientas propias de un Estado (emisión de moneda, mayor gasto público, tasas de interés, recortes presupuestales, entre otros). Estas herramientas ayudan.  Pero la economía  no funciona por decreto o voluntad política y también requiere de previsibilidad, estabilidad social y sobre todo confianza en el sistema.

En el juego del ultimátum (Teoría de Juegos)  dos jugadores deben dividirse   100 dólares. El primer jugador decide cómo dividirlo, el segundo puede aceptar o rechazar la oferta. Si la rechaza, ambos pierden todo. La lógica dicta que debería aceptar cualquier monto, debido a que es “dinero gratis”. En la práctica, está demostrado empíricamente que el segundo prefiere quedarse sin nada, antes de aceptar una división que le parece injusta, porque el ser humano prefiere castigar una postura poco ética, incluso si ello implica perderlo todo. 

Yo comparto la indignación con el supuesto fraude, cuyas evidencias son abrumadoras. Pero por muy “obvio” que sea el fraude, se debe sistematizar esta evidencia mediante un  análisis técnico. Ello se llama debido proceso, que contrasta con la justicia comunitaria, donde el acusado es juzgado sumariamente y castigado sin derecho a presentar su caso, o apelación. La inmadurez institucional de nuestra nación, sin embargo, se refleja en la inmadurez de nuestra democracia.  Nuestro presidente se ha mofado, por ejemplo, de la separación de poderes, llamándola una “doctrina norteamericana”. Con idéntica ignorancia y desplante de adolescente ahora salen algunos cívicos a pedir su cabeza, junto a la de Carlos Mesa y de yapa la de Almagro, despreciando el debido proceso en instancias institucionales. 

Las políticas de Evo son irresponsables y la factura económica se hará sentir, tarde o temprano. Si en nombre de defender la Constitución  se logra sacarlo de la  plaza Murillo utilizando la fuerza “pacífica” y mecanismos extra-constitucionales, quien asuma la presidencia tendrá que pagar la factura en condiciones de gran inestabilidad. Yo prefiero que esa factura la pague Evo, quien es el responsable de desaprovechar la bonanza económica en palacios y elefantes blancos. 

Pero si se pretende obligarlo a renunciar e ignorar que el camino es el político (es decir a través del diálogo, negociación y un debido proceso), entonces el actual presidente electo tendrá también mi voto. No porque defienda su política económica e ideología,  sino porque defiendo la continuidad constitucional y correspondientes principios, por mucho que quien ahora gobierna hizo y hace caso omiso de ellos.

La construcción de la institucionalidad democrática requiere de una madurez que no llega por obra y milagro de una movilización, por muy justa que sea la causa y muy grande que sea la indignación. El favor más grande que podemos hacerle al MAS es sacarlos del poder a la mala. Si por casualidad “triunfan” los comités cívicos, radicalizados, con individuos que se han aprovechado del río revuelto para sacar réditos políticos, los próximos cinco años serán una pesadilla y el MAS volverá en 2025 con algo más que un simple rodillo parlamentario.