La situación que vive el país tiene su génesis en la decisión que tomó el Gobierno de desconocer los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016. Haber anulado un acto electoral completo, con 5,2 millones de votos, generó un malestar que en su momento no se expresó con nitidez, pero que quedó marcado en la memoria de vastos sectores del pueblo boliviano.

Morales simplemente ignoró el resultado de un evento democrático y siguió adelante con su plan obsesivo de reelección, desconectándose progresivamente de la realidad, alejándose de buena parte de la ciudadanía, replegándose en sus adeptos y beneficiados, mintiendo y engañando con la ayuda de sus subordinados de los tribunales Constitucional y Electoral.

La manera abusiva del régimen de tomar todas las instituciones, llenarlas de sus militantes sin pudor, acusar a la oposición de los males que éste promovió, como el racismo y la intolerancia, reprimir a los opositores, controlar a la prensa, llegaron a un momento tal que ya no se pueden contener.

Si el origen de todo esto es el irrespeto al 21F, la gota que rebalsó el vaso fue el haber suspendido, durante 24 horas, la transmisión de los resultados del TREP, que, como se sabe, el día de los comicios mostraba un resultado de sólo siete puntos de diferencia, lo que obligaba a llamar a una segunda vuelta, para luego subir incomprensiblemente a más de 10. 

Una vez, el pueblo calló ante el atropello a su voluntad y el manoseo de la Constitución, pero en esta oportunidad, después de un accionar totalmente desequilibrado y sospechoso del TSE durante la campaña, los indicios de fraude, cada vez mayores y más evidentes, detonaron la indignación.