Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: jueves 12 de abril de 2018
Categoría: Legislación electoral
Subcategoría: Leyes nacionales y decretos reglamentarios
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Aprueban ley para que el Gobierno acceda a datos de los ciudadanos
El Órgano Electoral permitirá el acceso al SEGIP
(Ejecutivo) y podrá dar acceso a datos a terceros. La Agetic (Ejecutivo)
podrá hacer lo propio con entidades públicas.
Página Siete / La Paz
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en su estación en grande y en
detalle, la propuesta de ley que permitirá al Gobierno acceder a
datos privados de los ciudadanos. Con este proyecto se busca
incorporar modificaciones a la Ley del Órgano Electoral Plurinacional
(OEP).
De acuerdo con el Parágrafo I del proyecto, el Servicio de Registro Cívico (Serecí-OEP) otorgará al SEGIP (Servicio General de Identificación Personal-Gobierno), acceso de consulta en línea a todos los datos de certificado de nacimiento, estado civil y certificado de defunción. También habilitará “servicios de verificación y contratación en línea en tiempo real de la información consignada en el registro biométrico”.
En el Parágrafo II se plantea que el SEGIP utilizará esta información para “contrastar y verificar” la veracidad y autenticidad de la información, presentada por sus usuarios, en formato de certificado de nacimiento, matrimonio y defunción “para fines de cedulación”. El SEGIP -se lee en el documento- otorgará acceso al Serecí a todos los datos biográficos, domicilio y de número de las cédulas de identidad nuevas y renovadas que emita, “con la finalidad de mantener actualizada esta información en ambas entidades públicas”.
El Serecí -según el Parágrafo IV- podrá suscribir convenios y
contratos con otras entidades públicas y privadas, que requieran
servicios de consulta para verificar y autenticar la información de
nacimientos, estado civil, y defunciones. La información verificada y
contrastada “no podrá ser certificada, divulgada, ni transferida”.
A pedido de las diputadas de oposición, Norma Piérola y Eliane
Capobianco, se eliminó del proyecto que ingresó al pleno las palabras “y
otros”, que figuraban en el parágrafo IV y hacían referencia a los
tipos de datos a los que se podrá acceder. También se anuló la parte
que citaba que la información no debería ser transferida a “otras
entidades territoriales”. “Ambas frases ponían a la ley en un ámbito
ambiguo”, según las opositoras.
El parágrafo V del proyecto indica que la Agencia de Gobierno
Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) podrá
brindar a las entidades públicas acceso a servicios de consulta en
línea de los datos de nacimiento, estado civil, filiación, registro
biométrico y defunción, información registrada en la base de datos del
Serecí.
La diputada Piérola manifestó que la Agetic no tiene atribuciones para
acceder a los datos personales y que por lo tanto hay riesgo de que se
vulnere la información de los ciudadanos.
Sobre en este punto, la diputada Yovana Jordán, del Partido Demócrata
Cristiano, propuso que esa atribución sea respaldada con tres normas:
una ley de acceso a la información, otra de transferencia de datos y
otra de control de software.
Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien estuvo presente en la
sesión para explicar la finalidad del proyecto, estas propuestas “son
pertinentes” y serán tomadas en cuenta “porque es un campo nuevo y lo
amerita”.
La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, explicó que la Agetic no
podrá vulnerar ningún dato, porque sólo será el canal para el flujo de
datos entre el Serecí y el SEGIP. “Los datos viajarán de entidad a
entidad y no estarán en formato editable. Los datos viajarán de forma
encriptada”, indicó.
Autorización de ciudadanos
El texto que ingresó al pleno contenía un Artículo Único con cinco
parágrafos y una Disposición Final Única. Pero durante el debate de ayer
se añadió la siguiente Disposición Transitoria Única: “A objeto del
cumplimiento del parágrafo IV del artículo presente, el Tribunal Supremo
Electoral en el plazo de 90 días calendario debe emitir la
reglamentación correspondiente que garantice el consentimiento
voluntario de las personas al acceso de la información por terceros”.
Romero explicó que esta determinación es un mecanismo de seguridad y que
la ciudadanía deberá firmar un “formulario” con el cual se le informará
que el Gobierno accederá a sus datos. Afirmó que si una persona se
niega a suscribir ese documento, es porque “algo tiene que ocultar”.
Advierten con sanciones a Serecí y SEGIP
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, advirtió que
habrá procesos a funcionarios del Servicio de Registro Cívico (Serecí) y
el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) si los datos de
la ciudadanía son “violentados”.
“Si un dato es violentado, el SEGIP y el Serecí deberán rendir cuentas.
Si esto llega a suceder, es motivo suficiente para iniciar procesos
contra los funcionarios”, señaló Montaño en la sesión de ayer.
La Disposición Final Única del proyecto determina que el SEGIP debe
remitir al Serecí la información sobre las inconsistencias que se
identifiquen; y esta entidad deberá, a su vez, verificar la información
recibida.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que esta ley coadyuvará
en solucionar acciones innecesarias como el que una persona de la
tercera edad deba asistir físicamente a cobrar su Renta Dignidad para
que se compruebe que no falleció. Destacó que se evitará que extranjeros
que ingresen ilegalmente al país con documentos falsos obtengan cédulas
de identidad y certificados de nacimiento falsos.