Aprueban ley para que el Gobierno boliviano acceda a datos de los ciudadanos

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en su estación en grande y en detalle,  la  propuesta de ley que permitirá al Gobierno  acceder a  datos privados de los ciudadanos.  Con este proyecto se busca incorporar modificaciones a la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

De acuerdo con el    Parágrafo I del proyecto,  el Servicio de Registro Cívico  (Serecí-OEP)  otorgará al SEGIP (Servicio General de Identificación Personal-Gobierno), acceso de consulta en línea a todos los datos de certificado de nacimiento, estado civil y certificado de defunción.  También habilitará “servicios de verificación y contratación en línea en tiempo real de la información consignada en el registro biométrico”.

En el Parágrafo II  se plantea que el SEGIP utilizará esta información para “contrastar y verificar” la veracidad y autenticidad de la información,  presentada por sus usuarios, en formato de certificado de nacimiento, matrimonio y defunción “para fines de cedulación”. El SEGIP -se lee en el documento- otorgará acceso al Serecí a todos los datos biográficos, domicilio y de número de las cédulas de identidad nuevas y renovadas que emita, “con la finalidad de mantener  actualizada esta información en ambas entidades públicas”.

El Serecí -según el Parágrafo IV- podrá suscribir convenios y contratos con otras entidades públicas y privadas,  que requieran servicios de consulta para verificar y autenticar la información de nacimientos, estado civil, y defunciones.  La información verificada y contrastada “no podrá ser certificada, divulgada, ni transferida”.

A pedido de las diputadas de oposición, Norma Piérola y Eliane Capobianco, se eliminó del proyecto que ingresó al pleno las palabras “y otros”,  que figuraban en el parágrafo IV y hacían referencia  a los tipos  de datos a  los que se podrá  acceder. También se anuló la parte que citaba que la información  no debería ser transferida a “otras entidades territoriales”. “Ambas frases ponían a la ley en un ámbito ambiguo”, según las opositoras.

El parágrafo V del proyecto indica que   la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic)   podrá brindar  a las entidades públicas  acceso a servicios  de consulta en línea  de los datos  de nacimiento, estado civil, filiación, registro biométrico y defunción, información registrada en la base de datos del Serecí.

La diputada Piérola manifestó que la Agetic no tiene atribuciones para acceder a los datos personales y que por lo tanto hay  riesgo de que se vulnere la información de los ciudadanos.

Sobre en este punto, la diputada Yovana Jordán, del Partido Demócrata Cristiano,   propuso que esa atribución sea respaldada con tres normas:  una ley de acceso a la información, otra de transferencia de datos y otra de control de software.

Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien estuvo presente en la sesión para explicar la finalidad del proyecto,  estas propuestas “son pertinentes” y  serán tomadas en cuenta “porque es un campo nuevo y lo amerita”.

La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño,  explicó que la Agetic no podrá vulnerar ningún dato, porque sólo será el canal para el flujo de datos entre el Serecí y el SEGIP. “Los datos viajarán de entidad a entidad y no estarán en formato editable. Los datos viajarán de forma encriptada”, indicó.

Autorización de ciudadanos

El texto que ingresó al pleno contenía un Artículo Único con cinco parágrafos y una Disposición Final Única. Pero durante el debate de ayer se añadió la siguiente  Disposición Transitoria Única: “A objeto del cumplimiento del parágrafo IV del artículo presente, el Tribunal Supremo Electoral en el plazo de 90 días calendario debe emitir la reglamentación correspondiente que garantice el consentimiento voluntario de las personas al acceso de la información por terceros”.

Romero explicó que esta determinación es un mecanismo de seguridad y que la ciudadanía deberá firmar un “formulario” con el cual se le informará que el Gobierno accederá a sus datos. Afirmó que si una persona se niega a suscribir ese  documento, es porque “algo tiene que ocultar”.

Advierten con sanciones a Serecí y SEGIP

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, advirtió que habrá  procesos a funcionarios del Servicio de Registro Cívico (Serecí) y el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) si los datos de la ciudadanía son “violentados”.

“Si un dato es violentado, el SEGIP y el Serecí deberán rendir cuentas. Si esto llega a suceder, es motivo suficiente para iniciar procesos contra los funcionarios”, señaló Montaño en la sesión de ayer.

La Disposición Final Única del proyecto  determina que el SEGIP debe remitir al Serecí la información sobre las inconsistencias que se identifiquen;  y esta entidad deberá, a su vez, verificar la información recibida.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero,  indicó que esta ley coadyuvará en solucionar acciones innecesarias como el que una persona de la tercera edad deba asistir físicamente a cobrar su Renta Dignidad para que se compruebe que no falleció. Destacó que se evitará que extranjeros que ingresen ilegalmente al país con documentos falsos obtengan cédulas de identidad y certificados de nacimiento falsos.

Página Siete / La Paz