Bolivia cuenta con un enorme territorio; como pocos países, tiene todos los pisos ecológicos, climas y microclimas; posee un increíble acervo de recursos naturales –hidrocarburos, minerales, bosques, tierras productivas, agua dulce, etc.– y sus posibilidades turísticas son inimaginables. Pese a ello y al avance registrado en materia social y económica durante la “década de oro” del auge mundial (2004-2014) muchos países que no tienen todo lo nombrado nos han sacado una enorme ventaja en materia de desarrollo. La gran pregunta es… ¿por qué?
Alguien dijo que “no hay países subdesarrollados sino mal administrados” y es así, porque de nada sirve estar sentado sobre una silla de oro, si mucha gente se va a dormir con hambre, otros se mueren por falta de dinero y cuántos no pueden salir de la pobreza por su escasa educación.
Un nuevo gabinete ministerial fue posesionado en Bolivia, sobre cuya espalda descansa la responsabilidad de acompañar al Gobierno de transición y llevar a buen puerto al país, sentando las bases para que el siguiente Gobierno active nuestras enormes posibilidades de desarrollo con miras a abatir la pobreza. Tres carteras del gabinete económico resultarán claves para ello, estando las mismas ocupadas por profesionales de vasta experiencia, a Dios gracias: en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Lic. José Luis Parada; Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Lic. Wilfredo Rojo; y, Ministerio de Planificación del Desarrollo, Lic. Carlos Díaz.
Conversé con un esclarecido empresario y este sería el resumen de las prioridades para el nuevo gobierno. Primero: pacificar al país. Segundo: estabilidad económica, no tocar variables sensibles. Tercero: urgentes medidas de alivio para las empresas golpeadas por razones de conocimiento público (v.gr., reprogramar vencimientos de pagos de impuestos, deudas, etc. a un año, sin intereses y multas). Cuarto: seguridad jurídica y protección para la inversión nueva y la existente, nacional o extranjera. Quinto: pragmatismo, profundizar lo bueno y corregir lo malo. Finalmente, forjar consensos para que la próxima Administración realice las reformas estructurales necesarias y se eliminen las trabas al desarrollo.
Para ello, un Pacto Social-Productivo es deseable. Un gran acuerdo nacional donde el Gobierno (políticas públicas), el empresariado (inversión) y los trabajadores (mano de obra), se comprometan a dar lo mejor de sí, para –con la ayuda de Dios– forjar un mejor país, con justicia social…
