Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 20 de noviembre de 2019
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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Ante el descreimiento general sobre el resultado de la votación que fuera anunciado por el Tribunal Supremo Electoral, el gobierno se vio forzado a concertar con la OEA una auditoria del proceso eleccionario. Confiaba en que el Secretario General del organismo, que había sido cordial en su anterior visita a Bolivia creando empatía entre él y el presidente Evo Morales, de alguna manera influiría para convalidar ese resultado ostensiblemente fraudulento.
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El gobierno se equivocó. El informe de la OEA muestra sin tapujos el escamoteo de votos en favor del oficialismo. Nadie hubiera contribuido a que se oculte un fraude tan grosero. Esto avivó la protesta general, exigiendo que se anulen los comicios del 20 de octubre, se cambien los vocales del Tribunal Supremo Electoral y que el actual binomio presidencial no vuelva a ser candidato por la prohibición constitucional a la reelección indefinida, ratificada por el referéndum del 21 de febrero de 2016.
Entonces fue que se exigió la renuncia del Presidente Morales Ayma. Y todo se agravó para el Gobierno cuando la Policía Boliviana se unió a la resistencia ciudadana, y las Fuerzas Armadas aconsejaron al presidente que renuncie. Así, la suerte del régimen estaba echada. La ciudadanía había logrado la caída del gobierno. El Presidente y el Vicepresidente, se asilaron en México; asilo que les había ofrecido el Presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador.
