Medio: El Deber
Fecha de la publicación: jueves 12 de abril de 2018
Categoría: Legislación electoral
Subcategoría: Leyes nacionales y decretos reglamentarios
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Finalmente, el oficialismo cedió a las críticas de la oposición sobre la confidencialidad de los datos personales y decidió modificar el proyecto de ley que permitirá la transferencia de datos entre el Servicio de Registro Cívico (Sereci) y el Servicio General de Identificación Personal (Segip); se añadió una disposición para que sea el ciudadano el que autorice de modo expreso la consulta de sus datos.
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“A objeto del cumplimiento del parágrafo IV del artículo presente, el TSE, en el plazo de 90 días calendario, debe emitir la reglamentación correspondiente que garantice el consentimiento voluntario de las personas al acceso de la información por terceros”, refiere la disposición transitoria única, que fue incluida ayer en la sesión de la Cámara de Diputados y que aprobó esta norma y la remitió al Senado para su revisión.
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La diputada Jhovana Jordan fue la que expuso con argumentos sus observaciones y planteó además tres leyes que deben proteger al ciudadano a la hora de transferir sus datos: una ley de regulación de transferencia de información, otra ley de protección de datos y una ley de acceso a la información. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, que defendió el proyecto, aceptó la sugerencia de la legisladora.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo, ante la duda de los legisladores de oposición, que la transferencia de datos será encriptada y no se mostrará de forma abierta, como sugirieron.
Romero admitió que, con el tiempo, la Agencia de Gobierno Electrónico (Agetic) se convertirá en el Big Data (gran base de datos) del Gobierno. Señaló que en todos los Estados la información digital permite agilizar la burocracia. La plataforma de interoperabilidad estará a cargo de Agetic, indicó.
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