Bolivia: Proceso electoral prematuro y las incertidumbres del post-evismo

Jorge  Lazarte R.

(Reproducimos la Chronique recientemente publicada por la Revista Académica  CAHIERS DES  AMÉRIQUES LATINES, No. 86, IHEAL,  Sorbonne, Paris III. El artículo fue concluido a mediados de diciembre del pasado año.  ).

Bolivia vive un proceso electoral nacional prematuro y precipitado desde el momento en que el gobierno decidió a sólo un año de su nuevo mandato, promover  el  referendo de 21 de febrero de 2016 con el propósito de  modificar  el artículo 168  de la Constitución Política del Estado (CPE)  que le impide al actual Presidente, Evo Morales,  ser reelegido más de una vez manera continua.

La derrota  en las urnas, que el gobierno no preveía,  y  sobre todo  su empeño posterior  por encontrar  otras  vías para la habilitación,   han creado  clima de tensión  política   que ahora  envuelve al país  y condicionan  tanto el comportamiento  del gobierno  como el  de la oposición.  Un último acto del gobierno  en la misma dirección  fue  la presentación    ante el Tribunal Constitucional Plurinacional(TCP) el mes de septiembre pasado de una “acción de inconstitucionalidad abstracta” demandando que  declare la “inaplicabilidad” de los artículos constitucionales que le  impiden a Evo Morales  reelegirse por cuarta vez consecutiva, y el fallo constitucional  consiguiente de dar vía libre a la reelección indefinida.

Bajo  este  clima electoralizado tuvo lugar   a principios de diciembre la elección  por “voto universal” a los magistrados del TCP y del órgano judicial.  La oposición y colectivos ciudadanos convocaron a votar “nulo” contra candidatos seleccionados por el gobierno en la Asamblea Legislativa(AL).  El voto “nulo” (51.34%),  fue superior en más de 10 puntos al “nulo”  de las elecciones judiciales de 2011.   Este resultado parecer ser la confirmación de  que  el país vive  una nueva coyuntura política caracterizada por la declinación sostenida  del poder instaurado el 2006.

El viraje se produjo   el 21 de febrero de 2016  con la derrota  del  actual presidente Evo Morales, la primera en sus 12 años de gobierno, y que  hirió el  corazón mismo del sistema  de poder constituido desde enero de 2006. La magnitud de la derrota produjo un quiebre entre la fase anterior de ascenso y consolidación del poder  y la que se abre,  de retroceso y debilitamiento  y  probablemente irreversible.

Indicadores de esta inflexión no faltan.  Fuera de las encuestas que registran este debilitamiento, uno de los indicadores más concluyentes es que  la fuente de los conflictos que tuvo que enfrentar en el último tiempo,  proviene ahora y sobre todo  de los sectores sociales que votaron por el MAS, y que  fueron su apoyo inconmovible en la etapa de ascenso.  Es  como si el eje de conflictividad social y política se hubiera desplazado desde el oriente “empresarial” del país hacia el occidente “andino”, pero con un oriente urbano ahora en proceso de removilización. El largo  conflicto con  los pobladores de Achacachi (agosto-septiembre 2017),  tiene en este sentido tiene  un enorme valor simbólico, pues se trata de una zona aymara históricamente rebelde. Sus movilizaciones en los años 200O jugaron un rol protagónico en el derrocamiento  del gobierno de entonces.

Un  otro indicador  puede encontrarse en las movilizaciones del descontento  de la  clase media urbana en febrero de  2017 para  ratificar en la calle el resultado de las urnas de referendo del 2016,   con la novedad de haberse producido simultáneamente en todo el país, y que en  La Paz hubiera  sido la más contundente de los ultimas años.

A estos indicadores pueden sumarse ciertamente  los  dos más recientes.  Por  un lado la derrota electoral, ya mencionada,  del mes de diciembre;   y  por el  otro, el   conflicto con los médicos del país. Tanto   la derrota y como el fallo habilitante del TCP de días anteriores, convirtieron un conflicto  corporativo en  catalizador  de la protesta creciente en el país  y se hizo nacional. El gobierno y   contra sus propios hábitos,   tuvo que dar  marcha atrás, luego de asegurar que no lo haría,   derogando los artículos controvertidos  del nuevo código penal.

En  clave política  todo  ello parece marcar el fin del ciclo anterior,  y la apertura de un nuevo, que podemos denominar post-evismo ¿Pero en qué consiste este cierre y qué puede esperarse hacia adelante?  Los intentos de responder desde el gobierno y desde la oposición se mueven entre  verdaderos dilemas, que están creando un clima de incertidumbre  cada vez más pronunciado, que contrasta con  las certezas de los años anteriores al referendo.

Por el lado del gobierno, los dilemas apuntan en varias direcciones.   Desde el punto de vista de sus visiones  generales,    su dilema es no  distanciarse   demasiado de   su primitiva orientación “indigenista” arcaizante aunque reivindicativa,  que lo justificó históricamente durante los primeros años, pero a la vez afirmarse en su viraje   “modernizador”, extractivista y pro empresarial   visible desde 2014.  Lo   “indigenista”  es cada vez más un ritual  simbólico y periférico con relación a sus políticas prácticas.  El viraje le hizo perder el apoyo de una parte del movimiento  indígena-originario, al que dividió  con políticas clientelistas, sin recuperar  el apoyo de la clase media, muy ajena al estilo poco depurado de un gobierno o partido gangrenados de corrupción.

En cuanto a sus políticas sociales, que es seguramente lo que mejor puede calificar al gobierno, los problemas empiezan a despuntar dado el carácter marcadamente paternalista y clientelar  de las políticas redistributivas alimentadas  por los enormes recursos obtenidos por el país, como nunca los había tenido antes gracias a las altas cotizaciones del mercado internacional de hidrocarburos y de minerales,  que coinciden con el inicio del nuevo gobierno. Estas políticas  han bajado notablemente  los índices de pobreza y extrema pobreza y reducido los índices de desigualdad con el ascenso de una “nueva” clase media. Empero  la caída de esas cotizaciones en los últimos años está frenando las políticas dadivosas del Presidente, más exigente en el destino de los recursos   ante sectores sociales afines habituados al clientelismo y cada vez más pragmáticos  que con el tiempo también están  virando desde  su adhesión ideológica inicial  al gobierno  a un  apoyo cada vez más dependiente de    los “regalos” de los programas presidenciales. Los llamados “movimientos sociales”  temen perder sus “conquistas” y ventajas,   y   las defienden desatando conflictos según la lógica tradicional del “todo vale”, como ocurrió con el más dramático de hace dos años con los cooperativistas mineros, aliados estratégicos del gobierno, que bloquearon una  ruta troncal y ejecutaron a un alto miembro del poder ejecutivo. Estos conflictos con los suyos han dejado al gobierno sin mucha capacidad de respuesta, fuera de intentar deslegitimarlos en la generalidad de los casos como “instrumentados” por la derecha o el “imperio”, etiquetas que tampoco movilizan ahora como pudieron  hacerlo años antes. Por añadidura podemos decir que el antiamericanismo primario está cediendo el paso a las protestas antichinas.

Pero es en  el plano político estrictamente  donde los dilemas son los más acusados, entre ellos los relacionados con las denuncias  en cascada y casi diariamente,  sobre la corrupción que han hecho añicos  la condición de ser la “reserva moral” del país de la que presumieron  durante la primera época para diferenciarse de sus predecesores “neoliberales. La corrupción  es el   piso minado sobre el cual están asentados no sólo  altos dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) que manejan discrecionalmente las empresas públicas y los contratos sin licitación pública,    sino que también compromete, hacia abajo, a dirigentes intermedios que implementan    programas sociales  que suelen  aprobarse en concentraciones de base;    y hacia los costados, a   gobiernos locales que controlan. El conjunto,   además de erosionar hondamente la imagen del gobierno,     provoca disputas internas entre las distintas facciones y micro redes  por el control y apropiación de esos recursos. La extensión y profundidad de la corrupción es proporcional a la magnitud de   los recursos financieros disponibles.

Después de haber minimizado su existencia a casos aislados,    el gobierno se vio forzado a reconocer  que es mucho más que de “algunos”  y dio  luz verde, cediendo ante la presión de opinión pública,  al encauzamiento  penal de dirigentes importantes  en procesos que no se mueven y son selectivos. El riesgo  es que  muchos de ellos disponen de  información que puede ser comprometedora. Esta corrupción de magnitud  fue seguramente uno de los factores más gravitantes en la derrota en el referendo  de 21 de febrero de 2016.

A pesar de esta realidad lancinante,   el  gobierno había   empezado el 2016 con cierta  euforia   por los diez años continuos  en el poder,  y  la promesa repetida como letanía de conmemorar  el bicentenario de Bolivia( Agenda 2025), pues se consideran  “propietarios y no de inquilinos del palacio” de gobierno . Sin embargo, para que ello fuera posible,  había   que  habilitar a Evo Morales para una nueva reelección modificando la Constitución, que impide una reelección continua por más de una vez. En el rapto de autocomplacencia, supusieron  que la reforma sería sólo sería  cuestión de mero trámite. Habían ganado tantas elecciones  que minimizaron el impacto en la opinión pública de la corrupción denunciada en esos días en el  Fondo Indígena,   que compromete a ex altas autoridades de gobierno, y caciques locales originario-campesinos cooptados por el poder, varios de ellos ya  procesados por el  manejo discrecional de los recursos públicos  como si fueran  personales.

Simultáneamente    la quiebra de la justicia  también agitaba las aguas. El gobierno había reconocido  que estaba “peor que antes”, después de haber anunciado con entusiasmo en enero del 2012  que nacía por fin una “nueva” justicia con la elección “inédita” por voto universal de los magistrados de los más altos órganos de justica. Creyó que con el reconocimiento oficial de la “crisis” de la justicia y la promesa de repararla, salvaría su responsabilidad en la catástrofe judicial.   A todo ello se sumó, ciertamente,   la creencia en  la invulnerabilidad de Evo Morales, aparentemente confirmada por  encuestas previas  que no  siempre ratificaban    la tendencia anti  prorroguista del país.

Sin embargo este clima de autocomplacencia  había sido  enturbiado  semanas antes del referendo con una historia rocambolesca de alcoba (que involucraba al Presidente del país),   y  presumible tráfico de influencia de la “novia” en  oscuros   contratos millonarios con una empresa china. Aunque nadie sabe cuál fue su gravitación, ciertamente se sumó a los factores señalados, y se produjo lo inesperado, como un rayo en un día sereno. El mazazo  les hizo perder el libreto,   y tuvieron que deambular cierto tiempo, desde la noche misma de los escrutinios, hasta encontrar una manera de desatar el nudo que podía asfixiarlos.

En efecto,  ante los primeros resultados negativos anunciaron   que  los resultados serían   revertidos.  Un  impromptu   del Tribunal Electoral  en el “conteo rápido”  cercano  a los dos tercios-  cuando oficialmente sólo llegaba al tercio de los votantes-,    ratificó la derrota y aparentemente bloqueó la reversión.     Entonces     declararon a regañadientes  que “respetaban” el resultado. Lo  que siguió fue un  deambular sin saber con certeza   cómo enfrentarían esta dura realidad,  estremecidos ante el abismo de que  podrían perder las elecciones si el candidato no era Evo Morales,  y sin la protección de la armadura del poder  tener que rendir cuentas al país  con el riesgo cierto de que muchos de ellos terminen  bajo una lluvia de procesos civiles y penales.

Con todo, la búsqueda de una alternativa a Evo Morales no duró mucho tiempo. Todas las encuestas ratificaban la inviabilidad política de cualquier  relevo. Los candidatos probables  eran demasiado  débiles para enfrentar a la mayoría de los candidatos de oposición,   además de que podrían  abrir      las esclusas  de las presiones de los faccionalismos internos que romperían al MAS. Esta imposibilidad real de algún modo ya lo sabían desde hace algún tiempo, pues no era la primera vez que se preguntaban, aunque siempre en  voz baja, sobre esa posibilidad,  pero esta vez la situación era álgida.

Al no encontrar  candidato de relevo comparable que los aquiete,    retornó la apuesta   por Evo Morales,  caudillo( y no líder)  irremplazable ,  único factor de  cohesión  de un  MAS. agrietado, y que  les  devuelve la ilusión de seguir en el poder.  Desde el palacio se intentó vadear el malestar público por este  primer anuncio  declarando  que la discusión sería  diferida hasta el 2018. Con   el tiempo que no jugaba en su favor, y ya próximos a un   Congreso Nacional del MAS, y ante el  vértigo de verse despojados del poder( pues no pueden “imaginar” una derrota, como aseguró el ex canciller), la necesidad de un nuevo mandato retornó con fuerza, aunque de manera errática.

Con el propósito de ponerse de acuerdo sobre el camino a seguir, el  congreso del MAS de fines de 2016  aprobó cuatro “vías” (aunque en los días previos  se había puntualizado  que eran ocho, luego cinco) que    según sus portavoces,  “no se  alejaban”  un “milímetro” de la Constitución. Ninguna de ellas era  viable jurídicamente,  pero no todas tenían el mismo costo político para el gobierno. La cuarta “vía” era la que mejor encajaba con sus  intereses, pues    dejaría en manos del Tribunal Constitucional una interpretación habilitante, al modo nicaragüense, en lugar de precipitar otro referendo por “iniciativa popular”, que podría serles fatal.   No es un azar que a fines del pasado año el Vicepresidente hubiera hecho  ya   referencia a derechos “fundamentalísimos”, cuyo sentido    apuntaba a la idea de que estaban por encima de los demás derechos “fundamentales”.

Es este mismo  Tribunal- que en una singular interpretación en abril de 2013 modificó un artículo transitorio  de la Constitución y dejó de contar un período constitucional y con ello habilitó a Evo Morales   para las elecciones del 2014-,   ahora tendría la responsabilidad de   emitir  su fallo respecto  al recurso de “inconstitucionalidad abstracta” interpuesto por el MAS el 18 de septiembre del año en curso.  En el recurso  se pide la declaratoria de “inconstitucionalidad” de varios artículos de la ley electoral,    y la  “inaplicabilidad” de los artículos de la Constitución que prohíben  reelección inmediata por más de una vez,   argumentando en este segundo pedido que se estaría violando un “derecho humano” en  contradicción con el  artículo 23 del Pacto de San José.  Está claro que la ley electoral no es “inconstitucional”, pues sólo desarrolla  lo que dispone la Constitución, mientras   que  la “inaplicabilidad” no existe como facultad  reconocida  por la Constitución al Tribunal Constitucional.

El  Tribunal dio paso al requerimiento y declaró el 28 de noviembre último    la “aplicación preferente” del artículo 23 del Pacto “sobre” los artículos de la Constitución en las “frases” por “una sola vez de manera continua”, y seguidamente  la  “inconstitucionalidad”  de varios artículos de la Ley Electoral. La eliminación de la frase citada ha sido entendida como una reforma  del texto constitucional ( Facultad que no es del Tribunal), y además como la posibilidad de reelección indefinida.

Esta resolución  tuvo    efectos políticos inmediatos y  de consideración. Reforzó  el voto “nulo” de las elecciones judiciales de 03 de diciembre;     amplificó  las repercusiones  de la huelga de los médicos y  ha hecho  crecer   el sentimiento colectivo en buena parte de la población de frenar activamente los afanes prorroguistas.

Pero también  ha puesto al gobierno ante  un nuevo cuadro de situación  que  sin liberarlo del todo  de su dilema corneliano anterior,  se enfrenta ya  a otro  más abarcador. Su primer dilema fue  reconocer   el resultado del referendo, y en este caso, no era viable ninguna de las vías  para habilitar a Evo Morales a otra reelección inmediata, con todas las consecuencias previsibles para la estabilidad política y la pervivencia del MAS;    o negarse  efectivamente a su reconocimiento,  a pesar de las declaraciones verbales en contrario, y en ese caso,    echaba por la borda toda su prédica “populista” que sonó bien en el país  de que   dica ha llegdo a la OEA y la CIDH, con denuncias por ambos lados. e de la poblacihaber emitido una resolcuino en en voz baja. hay que gobernar “obedeciendo al pueblo”, y que la voluntad popular es “soberana”.

El fallo constitucional aparentemente  le permite descargar sobre el Tribunal la salida del dilema, pero sólo dio lugar a otro dilema cuya gestión puede escapársele de las manos. El Tribunal Electoral Plurinacional (TSE) ha declarado el 24 de diciembre ante una convocatoria del Senado, que el resultado del referendo del 21 de febrero es “vinculante y de cumplimiento obligatorio”. Esto significa a mediano plazo y antes de las elecciones de 2019,  una apertura eventual  y singular de un  conflicto de poderes, sin instancia jurídica de apelación, y que  llegado el momento, puede  tener  su réplica en movilizaciones de calle a favor de una u otra de las alternativas incompatibles.

Estos dilemas sin lugar a dudas afectarán la distribución global  de votos hasta hace poco vigente. En términos electorales y  según las diversas encuestas, el país está dividido en tres tercios.  El gobierno   siempre tuvo el apoyo de su núcleo duro e invulnerable de un poco más de un tercio del electorado. La base electoral de la oposición fue siempre otro tercio del electorado. En la actualidad el gobierno       parece  estar perdiendo  el apoyo del tercer tercio,  con el cual pudo  superar en el pasado  más del 50% del electorado. Este tercer  tercio en disputa  es el potencial electoral   con el que se puede ganar  las futuras elecciones.

Pero la oposición  enfrenta a la vez    grandes retos y dilemas, que  constituyen su talón de Aquiles. La oposición  es una diversidad fragmentada entre “partidos” y decenas de  grupos políticos informales, que aún se han repuesto de la desarticulación profunda inferida por el gobierno en la segunda mitad de  los años dos mil, que los ha privado  de apoyo social. Es una oposición   reducida casi a espectro, y que  no   cuenta en las decisiones políticas del país. Diríamos que es la más débil de la América Latina, y cuya capacidad de movilización se ha transferido  a las decenas de colectivos ciudadanos de existencia muy precaria.

Sus retos son varios. Por un lado, estructurar  una visión de poder y de sociedad alternativa a  la del gobierno. Esta carencia le impide trazar mejor las fronteras de diferenciación y le impulsa a  moverse  en las penumbras de las zonas grises;  le hace  vivir  de las críticas al gobierno, o de sus errores, que   le impide a la población percibir que es posible un horizonte distinto al del presente.  También carece de  liderazgos atractivos y creíbles que sean los portadores de esa visión alternativa.    Pero quizá su mayor debilidad es que la población no la percibe con aptitud  para gobernar  un  país disruptivo.

Una de las mayores incongruencias de la oposición es que casi sin excepción  hubiera asumido  la defensa de la CPE contra la cual votó el 2009,  frente a un  gobierno que la viola a su antojo, confundiendo propiamente la carta de derechos, que es lo que en puridad defiende, con  el diseño institucional, que es donde radica, por ej., el problema de fondo de la justicia o del sistema de representación, que actualmente es de inspiración anti partido. Este quid pro quo  le hace  ignorar que tal Constitución es disfuncional a una cierta idea de democracia internacionalmente aceptada y asociada con el Estado de derecho,   y que  por ello puede convertirse en factor de inestabilidad para cualquier gobierno que no sea el del MAS.

Otra de sus  inconsistencias se expresa  entre la convocatoria rutinaria y verbal  a la “unidad” y la realidad de la fragmentación,  que ha contribuido a que  el partido de gobierno controle los dos tercios   de la Asamblea Legislativa. Quizá  la oposición necesita primero  vencerse a sí misma si pretende después  vencer al gobierno.

Con todo , reiteramos, algo se mueve luego de más de una década de gobierno “populista”, que parece estar cerrando un ciclo, sin que esté claro lo que se abre hacia delante, excepto la crispación creciente. Por un lado, es parte de lo que se denomina   fin del ciclo “populista” en América Latina, sobre todo en los países “bolivarianos”. Pero por otra parte cada una de las experiencias tiene historia propia y sus crisis políticas difieren. En el caso de Bolivia, el fin del ciclo político no se acompaña de una crisis económica, como es el caso de Venezuela.   Pero en todos los casos se han abierto incertidumbres respecto a su propio futuro.