58 redes, plataformas, colectivos y defensores de los derechos humanos se pronunciaron a través de una carta abierta y llamaron a la pacificación ante los hechos violentos registrados después de los resultados de los comicios del 20 de octubre en el país.
Las organizaciones firmantes elaboraron una carta abierta en la que solicitan a los Órganos Legislativo y Ejecutivo “la voluntad política necesaria para llevar adelante un diálogo genuino entre todos los actores representativos, dejando atrás las posiciones inflexibles que nos han llevado hasta este extremo (…) pedimos se adopte un pacto de transición democrática, condición indispensable para devolver la paz y preservar la unidad de la población boliviana”.
En ese contexto, solicitan en primer lugar la designación de vocales de un Tribunal Supremo Electoral (TSE), basado en méritos y con apertura al escrutinio público que permita elegir a profesionales idóneos e imparciales.
Asimismo, piden que se convoque de manera inmediata a nuevas elecciones nacionales libres, justas y transparentes.
Otro de los aspectos considerados es la conformación de un mecanismo de protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos con la misión de adoptar todas las medidas necesarias para impedir agresiones a la vida, integridad, vivienda y ejercicio de la libre expresión, de todas las personas que actualmente están en situación de riesgo (defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígena, originario, campesinos, dirigentes sindicales, vecinales, autoridades).
También exigen el respeto a la libertad de prensa e información, debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que, en principio, todos los discursos están protegidos por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten.
En tanto observaron el uso desproporcionado de la fuerza y las armas de fuego por parte de la Policía y Fuerzas Armadas, manifestando que su uso es legítimo, solo si es el último recurso disponible para proteger otra vida, y por ende, su empleo no será justificado cuando se busca proteger la propiedad, evitar lesiones leves, o restablecer el orden público.
Aparte de lo mencionado, solicitan la conformación de un mecanismo de justicia transicional y de averiguación de la verdad, concretar una visita in loco de la CIDH a Bolivia en el marco de la solicitud que hizo el país a este órgano y por último, adoptar las medidas necesarias para restituir la unidad de la sociedad, incluyendo el desarrollo de una campaña para combatir la desinformación, y promover los valores democráticos de tolerancia, principios y fines del Estado Plurinacional.
