Tras los últimos 30 días de conflicto en el país, la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP-Diarios) informó que 76 periodistas y 14 medios de información sufrieron ataques y agresiones en cuatro departamentos.
“Ha habido una situación de virulencia, de intolerancia y de intimidación nunca antes registrados para el trabajo de periodistas y medios en casi todo el territorio nacional por el clima de extremada polarización política que está viviendo en este momento Bolivia”, afirmó el presidente de ANP-Diarios, Marco Antonio Dipp.
Las agresiones fueron realizadas por parte de seguidores y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de sectores sociales que protestaban en contra del expresidente Evo Morales, explicó el directivo de la organización, que agrupa a diarios, revistas y la Agencia de Noticias Fides (ANF).
La Unidad de Monitoreo de la ANP-Diarios reportó agresiones físicas, verbales, hostigamiento y ataques a instalaciones de canales y radioemisoras en las ciudades de Santa Cruz, Montero, Yapacaní, Sacaba, Cochabamba, Oruro, Potosí y La Paz, con daños de consideración. Del total de periodistas agredidos, 19 son mujeres. Asimismo, la ANP expresó su preocupación por acciones como el asalto e incendio de la vivienda de la periodista del Canal de Televisión Universitario (TVU), Casimira Lema, por una turba enardecida.
A VIGILAR Entre tanto, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, estará en Bolivia para evaluar la situación de derechos humanos en el país.
En una carta, publicada en Twitter, la CIDH especificó que la "visita de trabajo" se realizará entre el 22 y 25 de noviembre y estará liderada por Abrão junto a un equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según datos de la CIDH, 23 personas murieron y 715 resultaron heridas desde las elecciones del pasado 20 de octubre, en las que Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición.
Asimismo, buscará una reunión con el Gobierno para referirse al decreto que exime a las Fuerzas Armadas (FFAA) de responsabilidad penal si actúan en legítima defensa o en estado de necesidad y bajo los criterios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. A juicio de la comisión, ese decreto desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta.
