CONTROL. Las FFAA resguardan instituciones y empresas estatales ante la ola de violencia. APG
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó ayer por el decreto que exime a las Fuerzas Armadas de toda responsabilidad penal en su tarea de contener los conflictos sociales en el país porque pondría en riesgo de impunidad posibles hechos de violación de los derechos humanos, a lo que el Gobierno respondió que no tienen una "carta blanca para actuar".
En un comunicado, la CIDH expresó su “enérgica condena al uso excesivo de la fuerza por parte de operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para reprimir recientes manifestaciones en Bolivia" y urgió al Estado “a tomar las medidas necesarias para evitar la impunidad”.
El organismo demandó al Gobierno “garantizar el derecho a la reunión pacífica y a adoptar medidas urgentes para preservar la vida e integridad de sus habitantes, así como para garantizar el trabajo de los periodistas y de los organismos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos”, en medio de la crisis.
Consideró “crucial” que se construya un diálogo.
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