“Intentamos (sumar a estas instituciones al proyecto) desde hace dos años. A los anteriores magistrados les dijimos: ‘Miren las filas, no sean indolentes; cómo no simplificamos el trámite’, y se negaron con un documento de 1800, del siglo XIX, que no está legislado”, dijo. En el caso de la Fiscalía, es el fiscal quien realiza su propia tramitación y que tiene sus propios mecanismos. 

En el caso del Ministerio de Gobierno, allí se trabaja con sus propios mecanismos para tener sus documentos, aunque el ministro Carlos Romero dijo que en el proyecto se pretende tener acceso a información de los ciudadanos con antecedentes penales.

Un obstáculo para Agetic son las sospechas de parlamentarios como el diputado Wilson Santamaría, que apoyó el proyecto en el inicio, pero luego ha sugerido que se puede terminar usando datos de la ciudadanía con fines políticos.

Dependiente del Ministerio de la Presidencia, el otro obstáculo que la Agencia de Gobierno Electrónico enfrenta para este proyecto es cierta mentalidad conservadora de algunos burócratas de los ministerios. Dicho en palabras de Laguna: “Los mandos medios de los ministerios son cavernarios y con mentalidad colonial”. 

Para el resto de las entidades públicas y privadas que prestan servicios al Estado, la adscripción a la plataforma de interoperabilidad es obligatoria. Laguna reveló que existe resistencia porque antes no había una normativa legal.

Agetic defiende la “plataforma de interoperabilidad”, niega que se vaya a violar o manosear datos de la ciudadanía como sugieren algunos políticos y dijo que hay niveles de seguridad que garantiza el Estado. Explicó que las entidades accederán a los datos generales, visibles en los documentos físicos; en el caso de las cédulas  de identidad, solo se verá el nombre, fecha de nacimiento, el estado civil y profesión; lo mismo en un certificado de nacimiento: el nombre, nombres de los padres, fecha y lugar de nacimiento.

La seguridad

Con respecto a los temas de seguridad, afirmó que existen los niveles de seguridad que el Estado ofrece y que hay reglas entre las entidades para el intercambio de información. Indicó que existe un manual denominado Lineamientos para la implementación de servicios de interoperabilidad para las entidades del sector público, de 2017.

Pero la fundación InternetBolivia.org alertó que en el país no existe una ley que proteja los datos de las personas y por eso planteó una Ley de Protección de Datos.