Los hechos violentos comenzaron  a las 10:30, cuando grupos de campesinos –afines al MAS– de Sipe Sipe, Bolívar y Tapacarí, aledañas a Vinto, marcharon  armados de palos y otros objetos para desbloquear el puente Huayculi, dentro del municipio de Quillacollo, en Cochabamba. Allí, a las 11:00,  los vecinos, quienes mantienen el bloqueo hace 15 días, se resistieron y lograron hacer retroceder a los masistas.

Los pobladores  de  Quillacollo recibieron, presuntamente,  el apoyo del grupo de motoqueros denominados Resistencia Juvenil Cochala. A las 14:30, con el rumor de cuatro muertos y varios heridos del lado de los cívicos y  vecinos de Vinto que apoyan  las protestas contra el gobierno de Evo Morales, la gente   reaccionó  y se dirigió  a la Alcaldía.

 Según imágenes, los vecinos denunciaron que Arce dirigía y financiaba a los campesinos.

 La pasada semana, los habitantes  de Quillacollo también se enfrentaron y echaron a mineros cooperativistas que habían ingresado por Vinto y que   con detonaciones de dinamita pretendían llegar hasta Cochabamba. 15 mineros fueron arrestados con 145 cartuchos, pero el Ministerio Público  los dejó en libertad luego de destituir al fiscal que los había  aprehendido.

“Me han amenazado con quemar mi casa, pero no hay miedo, carajo, porque no podemos permitir que un grupito de malandrines  quieran dañar al gobierno”, fue uno de los últimos discursos que dio Arce en un acto de entrega de obras. Con esos antecedentes, ayer, los vecinos de Vinto que invadieron la Alcaldía  encontraron a la Alcaldesa y la   acusaron  de las muertes que hasta esa hora sólo eran un  rumor. La arrastraron a la calle, incendiaron las oficinas  e intentaron hacer que renuncie.

Allí, humillada y  de rodillas, con el cuerpo teñido de pintura roja, la autoridad  del Vinto afirmó: “Yo quiero preguntarle a la prensa ¿esto es legal? Mi único error ha sido trabajar por mi pueblo (…). Si el 60% de los vinteños me pide, me voy”, aseguró a los pocos periodistas presentes, mientras un solo hombre corpulento la protegía de la turba que exigía  su renuncia.

En el grupo de  captores estaban  mujeres que  exigían  desesperadas a la autoridad  que confiese haber ordenado matar  a vecinos de Quillacollo. Le reclamaron  por haber dado  comida a comunarios  y  a los  mineros que trataron de ingresar a Cochabamba para enfrentarse con  los cívicos. “Confiesa, les has dado cobijo, les diste el coliseo para que duerman, asesina, cómo te puedes negar”,  acusaron  a Arce.

  Acorralada por la turba, en un tramo de los dos kilómetros que la obligaron a caminar descalza,    le cortaron el cabello. “Ellos tienen mi celular”, gritaba a los periodistas. Mientras tanto, los vecinos decían  tener pruebas de todas sus acusaciones. En otro video, un grupo de vecinos mostró documentos secuestrados a Arce. “Ahí está, son los depósitos que ha hecho a los jóvenes, a los que quieren desbloquear. Así les pagan a estos masistas, hay que publicar”, decían personas  alteradas, convencidas de que los documentos eran prueba para asegurar que  ella financiaba a los grupos de campesinos.

Mientras esto pasaba, personas ubicadas cerca del edificio de la Alcaldía apagaban el fuego con baldes de agua. Desde sus casas corrían para impedir que las llamas se propaguen a sus domicilios. Una hora y media después, policías en motocicletas lograron rescatar a la Alcaldesa.

 La diputada del MAS Valeria Silva denunció las agresiones contra la autoridad edil y responsabilizó del salvaje ataque  a los motoqueros de la Juventud Cochala, a los que llamó vándalos. Por redes sociales, éstos negaron haber sido parte del secuestro y aseguraron que no ingresaron a Vinto.

 El defensor del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox, condenó los ultrajes   a Arce y aseguró que ninguna persona mostró las pruebas de que la edil haya financiado a los grupos de masistas.

Producto de la violencia entre ambos bandos, se confirmó la muerte del joven de 20 años, Limbert Guzmán, y se reportaron   cuatro detenidos y más de 90 heridos. Vecinos de Quillacollo exhibieron seguros de granadas de gas lacrimógeno de  uso militar y policial, que fueron usados por los campesinos, quienes  admitieron haber recibido 200 bolivianos por ir a desbloquear, porque, de lo contrario, serían  multados con 500.