Cero tolerancia con la violencia

El miércoles fue una jornada negra en el país, y particularmente en Cochabamba, una ciudad que suele ser clave en este tipo de conflictos y donde la violencia alcanza unas cuotas más altas e intolerables.

Las imágenes reproducidas sin pudor una y otra vez por medios, redes y todos los soportes, dan cuenta de la escalada de violencia que se vivió ayer en el país. No se trata de entrar en una carrera de “y tú más”, mientras se suben imágenes grotescas de vejaciones, humillaciones y sangre por doquier para tratar de “compensar”, sino de frenar de una vez la escalada con más llamadas al orden y la conciencia.

Eso no quiere decir que haya que esconder lo sucedido. El secuestro y tortura a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, es un hecho absolutamente condenable y que no debería minimizarse por mucho valor que la señora haya mostrado en la afrenta. No es posible que un grupo de exaltados radicales en moto, por muy numeroso que sea, puedan imponer con impunidad su ley mientras la Policía mira de palco.

Arce negó con vehemencia haber colaborado con la organización de grupos de choque con los que enfrentarse a los bloqueos y bloqueadores, pero también es condenable que muchas autoridades, desde los niveles primarios a los más altos, han azuzado precisamente la confrontación y la violencia hablando de asuntos raciales y de clase que no están en discusión en este embate.

 Bolivia ha cambiado mucho desde 2003 y ya pocos confían en las tesis de su líder si no concuerda con lo que ve en su celular o comentan sus amigos

La violencia azuzada, o buscada, ya se cobró dos muertos en Montero, otro en Cochabamba y al cierre de esta edición, había diez heridos, uno con muerte cerebral, en el hospital de Viedma tras los enfrentamientos en el puente de Huayculi, mientras que La Paz hervía entre partidarios y detractores de la llegada de Luis Fernando Camacho a la plaza Murillo. También en Trinidad.

Para algunos analistas y estrategas, la movilización violenta pasa por ser indispensable, para otros es una estrategia anclada en el pasado, en la era pre-redes sociales, y cuyos teóricos son incapaces de comprender el alcance e impacto que los actos de esa naturaleza generan en la opinión pública. Bolivia ha cambiado mucho desde 2003 y ya pocos confían en las tesis de su líder si no concuerda con lo que ve en su celular o comentan sus amigos.

Dos no pelean si uno no quiere. La Policía es la encargada de hacer respetar los derechos constitucionales – todos y de todos – y por ende, es quien debería encargarse de los desbloqueos, y de controlar las turbas de una forma más efectiva. Los celulares, sin embargo, muestran otras imágenes más controvertidas, con roles pasivos y activos en función del grupo a controlar.

El ambiente está caldeado y nos corresponde a los medios de comunicación, pero sobre todo, a los políticos y más aun a las altas autoridades del Estado, medir y mucho el lenguaje para romper de una vez el vicioso círculo de la violencia y llamar a la conciliación. Es necesario que pase algo que rompa la dinámica y apunte alguna salida, pero por el momento, no se atisba, pues son aquellos con más altas responsabilidades; los líderes, los que las deben apuntar y no esconderse.