El Estado es definido como la sociedad política y jurídicamente organizada, que tiene como fines, la paz social, al ser un contrato de convivencia normativa y  racional. Pero, qué sucede cuando es el mismo Estado, por medio del gobierno de turno, el que mete miedo y atenta contra la misma población. Eso es lo que ocurre en Bolivia y ese tipo de conducta típica, antijurídica y culpable, no está contemplada en el Código Penal en actual vigencia.

Alineados con el tema me han llamado la atención cuatro declaraciones de autoridades del gobierno de Evo Morales: La primera es la del ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, quien vaticinó que “Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla o en un Vietnam moderno”.

Se refiere al conflicto que enfrentó a las dos partes en que se dividía el Estado de Vietnam, después de emanciparse de Francia, el Norte apoyado por los Socialistas y el Sur por los Capitalistas, entre 1959 y 1975 y que dejó como saldo casi 6 millones de muertos.

La segunda es la del senador del MAS, Omar Aguilar, quien aseveró que “existen ciudadanos oriundos del occidente del país que están clamando el despliegue de la Policía y las Fuerzas Armadas a Santa Cruz, para protegerlos en medio del conflicto postelectoral, que tiene que ver con la promoción de las diferencias entre los cruceños y los “del occidente”.

La tercera es la declaración del asambleísta del MAS, por La Paz, Gustavo Torrico, quien aseguró que el partido del actual Gobierno se defenderá contra quién sea. Por ello, preguntó a las madres bolivianas, de los jóvenes que van a las protestas convocadas por los cívicos opositores, si están dispuestas a sacrificar a sus hijos hasta la muerte. Por eso fue comparado por el diputado opositor, Rafael Quispe, con el exministro de Gobierno, Luis Arce Gomez, de la dictadura de Luis García Meza, cuando señaló que “los bolivianos deberíamos andar con el testamento bajo el brazo”.

“No sé cuántas madres están dispuestas a sacrificar a sus hijos, llevarse ese dolor tan criminal que es el sentir la muerte de tu hijo,”, manifestó el asambleísta.

La cuarta, y que en realidad es una contradicción semántica,  la dijo el presidente Evo Morales, este martes 5 de noviembre,  en una concentración realizada en La Paz, al señalar que “no podemos meternos bala entre bolivianos”, pero terminó su discurso con la frase “Patria o Muerte”. Fue después que el presidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, fuera retenido por segunda vez, por una turba de militantes del Movimiento al Socialismo,  en el aeropuerto de El Alto e impedido a llegar hasta La Paz, para entregarle una carta pidiéndole su renuncia.

Y somos un país pacifista. El artículo 10 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que  “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo.

En conclusión: vivimos en una especie de guerra con muertes anunciadas, como la de los dos cívicos que cayeron en Montero. Y en la incertidumbre salen a luz el llamado Caso Terrorismo, que a decir del mismo fiscal Marcelo Soza, que lo encabezó y que hoy está refugiado en el Brasil, se trató de un montaje del gobierno de Evo Morales para meter presos y amedrentar a los dirigentes cívicos de Santa Cruz. Por eso fingieron poner una bomba en la casa de un Concejal del MAS, luego en la del Cardenal Terrazas, para finalmente irrumpir en el hotel Las Américas y matar a tres extranjeros que se habían inflitrado en la élite cruceña, el 16 de abril del 2019.

O la “Masacre de Porvenir” , el 11 de septiembre del 2011, en Pando, en un enfrentamiento fabricado por el gobierno de Evo Morales, a decir del exgobernador de Pando, Leopoldo Fernández, en el que murieron 11 campesinos y 2 funcionarios prefecturales.

Por eso, incluir el Terrorismo de Estado en el Código penal, debe ser una prioridad para los nuevos legisladores.