El Gobierno no podría obrar de manera más generosa y patriótica si, como sabemos, la Constitución prohíbe la discriminación fundada en la ideología o la filiación partidaria y repudia el trato inhumano y la privación de la libertad; así como existen derechos fundamentales y civiles donde se establece el respeto a la libertad de pensamiento, el derecho a la seguridad personal, a reunión y asociación de ciudadanos, además de otros modos de garantías y obligaciones insertados en la Carta Magna. 
Están prontos a cumplirse doce años de la ascensión al mando del presidente Evo Morales Ayma  -lo que en una época anterior significaba tres periodos constitucionales- y es un tiempo excesivo para que no se pacifique el país, dejando sin efecto procesos inconclusos como los existentes y olvidando actos del pasado que no sobrepasen, naturalmente, los límites que establece el  justo concepto de amnistía.
Una administración que expresa tener  absoluta estabilidad política y económica, que se declara abierta defensora de los derechos humanos, que dice representar a la mayoría de los bolivianos, no debería aceptar la mala imagen – hasta el baldón – de seguir siendo el Gobierno que durante más tiempo ha tenido a sus adversarios en el destierro o en la cárcel. Ese es un récord negativo y repudiable. Durante toda la historia de Bolivia no ha existido un mandatario que no hubiera abierto las puertas a una amnistía que beneficie a la pluralidad de los individuos que padecen encarcelamiento u ostracismo.
Una revisión histórica nos señala que no hubo gobiernos militares ni civiles, de facto o constitucionales, que no tuvieran la grandeza – o hasta la obligación – de permitir el retorno y la liberación de los compatriotas que, equivocados o no, estuvieran proscriptos de la vida pública. El Gobierno se jacta de ser una indiscutible fuerza en el país, tiene, además, abrumadora mayoría parlamentaria, ¿entonces qué le impide o intimida dictar una amnistía que ya es necesaria en Bolivia?