Gobierno boliviano ataca a Almagro y sectores alistan protesta en Perú por el 21F

Pocas horas después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, destacará el valor jurídico del informe de la Comisión de Venecia sobre la reelección indefinida, el presidente Evo Morales y el ministro de Justicia, Héctor Arce, arremetieron contra el representante del organismo multilateral de tener afanes “políticos de desestabilización” y de “violar la Carta de esa institución”.

El 19 de marzo se conoció el informe de la Comisión de Venecia que señala que la reelección en sistemas presidenciales y semipresidenciales “no representa un derecho humano”. Almagro remitió el documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros dos órganos más para su conocimiento y valoración.

Ante esto, no se dejó esperar la respuesta del presidente Morales, quien, mediante un tuit, replicó a Almagro, al indicar que, en “su afán político desestabilizador, no respeta ni la propia Carta de la OEA sobre la soberanía de los Estados. Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, a organizarse en la forma que más le convenga”.

En tanto, el titular de Justicia acusó a Almagro de ser contrario a la Carta de Organización de la institución multilateral con afanes sectarios, además de sostener que la europea Comisión de Venecia se alejó de lo jurídico para hacer política.

“Se fundó con un objetivo sano y, en el transcurso del tiempo, su carácter eminentemente jurídico ha sido diluido y se ha constituido cada vez más en una organización con fines políticos, cuyos dictámenes, cuyos análisis, se han alejado cada vez más de lo jurídico y se han convertido en dictámenes políticos que no son vinculantes para absolutamente ningún Estado ni ninguna institución internacional ni al interior de ningún país”, mencionó Arce en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

De acuerdo con el Ministro de Justicia, Almagro acudió “a un organismo que no responde a nadie y que no tiene fallos ni opiniones vinculantes para nadie, para forzar sus deseos, sus intenciones erróneas, mezquinas y sectarias”.

Por su parte, el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Pary, anunció ayer que el país presentará una denuncia internacional en “los espacios que correspondan” por la injerencia en asuntos internos del secretario general de ese organismo multilateral, Luis Almagro, así como otros Estados que se sientan afectados por sus declaraciones.

“Vamos a presentar en los espacios que correspondan la protesta del Estado Plurinacional de Bolivia y seguramente también lo harán los Estados que han sido afectados. No es aceptable que el Secretario General tenga opiniones de esta naturaleza y respondan a partidarios políticos”, aseguró en una entrevista con la Red Patria Nueva.

Por su parte, el diputado opositor Wilson Santamaría defendió las declaraciones del líder de la OEA: “Saludamos que otros organismos externos que tienen fuerza, autoridad y moral jurisdiccional hayan hecho el análisis de cómo se entiende los derechos humanos y cómo se entiende la reelección. Se tiene que respetar el 21F y esperamos que con esta posición se concrete”.

En la misma línea, el senador Arturo Murillo (UD) criticó que el Gobierno utiliza a los organismos internacionales para lo que le conviene, pero cuando las resoluciones no van con su línea, las critica.

“Le pregunto al Ministro de Justicia para qué va a llorar a Almagro, para qué le llevó los documentos del TCP, con eso ha avalado que realmente la OEA tiene nomás el peso sobre el tema. Ahora que hay un informe que les va a en contra, dicen que no sirve. Si nosotros desconocemos las organizaciones internacionales en unos temas pero no en otros, tenemos problemas”.

DATOS

El Informe de Venecia tiene validez. El informe de la Comisión de Venecia fue redactado por un grupo diverso de reconocidos expertos independientes en materia constitucional y electoral de Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y México, y tiene validez jurídica, según Almagro.

El MAS defiende reelección y minimiza a la OEA. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, aseguró que Evo Morales será candidato y que la oposición pierde su tiempo al intentar frenar el “derecho humano” del mandatario a la reelección.

Colectivos viajan a Lima para protestar por 21F. Unos 100 miembros de los colectivos ciudadanos del eje central del país se reunirán hoy en La Paz para partir en una caravana por la democracia “mensajeros de paz”, hacia la Cumbre de las Américas en Lima, donde harán presente la protesta contra la reelección.

Arce se reunió con Almagro en marzo. En marzo, el ministro Héctor Arce fue a Washington para reunirse con Luis Almagro y entregarle la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilitó la reelección.

“ALMAGRO DEBERÍA PEDIR UNA CONSULTA A LA CIDH”

Nelson Peredo

El constitucionalista José Antonio Rivera explicó que el mejor camino que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, puede tomar para hacer respetar la democracia es pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una interpretación sobre el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y adjuntar ahí la opinión de la Comisión de Venecia como un documento avalado por expertos.

“Lo que corresponde para evitar esos irrazonables comentarios del ministro (de Justicia Héctor) Arce, es que Almagro presente ante la CIDH una consulta formal, para que haga una interpretación del artículo 23 de la convención sobre sus alcances y para sustentar su petición podría acompañar esta opinión emitida por la Comisión de Venecia”, dijo Rivera.

Explicó que este camino evitaría entrar en juegos “politiqueros” y entredichos entre sectores, que no ayudan al proceso.

Esta petición a la Comisión Interamericana llevaría a que se emita una opinión consultiva que será obligatoria para cualquier país que quiera burlar los límites constitucionales u otros casos. Este proceso tardaría entre ocho meses y un año, e incluso más, si el caso llega a la Corte IDH.