Según se ha informado, esta auditoría se hará a todo el proceso electoral desde el día de las elecciones (20 de octubre), no solamente al cómputo y al TREP. De modo que podrá abarcar la cadena de custodia (el trayecto que sufrieron las actas), la tecnología que utiliza el Órgano Electoral, hasta cómo se ha manejado la crisis suscitada, pasando, obviamente, por un análisis de los resultados, entre otros.

Este trabajo, que según se ha anunciado será efectuado por alrededor de 30 técnicos de la OEA –auditores internacionales, abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, cadena de custodia y organización electoral–, deberá  contar con el concurso de los partidos políticos que participaron en los comicios y otros actores relevantes.

Este último aspecto, sin embargo, no está garantizado, pues tanto Comunidad Ciudadana, como el Comité Cívico Pro Santa Cruz, algunos de los principales actores, no han aceptado esta auditoría como solución: Santa Cruz pide anulación de los comicios y Mesa, condiciones que no han sido consensuadas hasta ahora.

Con todo, el estudio  de un equipo de profesionales de primer nivel, que además estará respaldado por expertos de la Unión Europea, parece ser un insumo fundamental en esta coyuntura, independientemente de la solución política que se vaya a adoptar. 

Nada más importante para el sistema democrático que establecer en qué, cómo y cuánto los errores que se han cometido en estos comicios han afectado a los resultados; si ha habido un fraude y de qué magnitud... Sólo así, quizás, la población podría tener al menos un elemento de confianza.

Los problemas son tantos que es comprensible la posición de sectores opositores y ciudadanos que consideran que este proceso electoral está afectado irremediablemente. Las irregularidades son tan numerosas y visibles que se cree imposible que una auditoría a las elecciones las pueda absolver. 

Por otro lado, el clima de desconfianza con el Gobierno y su Tribunal Electoral se han extendido también a la OEA, especialmente por los antecedentes en otros países como Venezuela y por el cuestionado accionar de su representante, Luis Almagro, que estuvo en el lanzamiento de campaña del MAS. 

Sin embargo, aunque el desenlace a esta crisis no dependa exclusivamente de la auditoría esta debiera ser respaldada como precedente para llegar a  conclusiones que hoy están dispersas. 

Las principales denuncias de fraude -como las pruebas presentadas por el ingeniero Villegas- y las revelaciones que hizo, por ejemplo el gerente de la empresa que administró el TREP, además de recientes renuncias de personal del TSE son importantes antecedentes que deberán ser tomados en cuenta por los auditores.

La OEA, a pesar de su secretario general, no tendría que rifar su prestigio para hacer un estudio que complazca al poder, más aún si un conjunto de países que apoyan con un financiamiento de más de 200 mil euros, estarán pendiente de ello.

Sin embargo, es el Ejecutivo quien debe dar certezas de que irá a poyar un trabajo realmente transparente y que luego no irá a  desconocer las sugerencias l nefasto TSE ha querido curarse en sano, afirmando que los resultados de la elección son inamovibles. ¿Entonces para qué esta auditoria? Es el Gobierno quien tiene la palabra.

No se puede esperar que sean los auditores de la OEA quienes resuelvan una crisis que ha pasado lo jurídico para entrar en lo estrictamente político; son los actores políticos quienes deben dar las señales. 

La democracia ha quedado con esta elección irremediablemente dañada: solamente una auditoría seria y transparente y una renovación de las actuales autoridades por un grupo de notables que goce de absoluta confianza, podría devolverle algo de salud.