Después de las contundentes declaraciones del gerente de la empresa que administró el sistema de transmisión preliminar de resultados (TREP), Marcel Guzmán de Rojas, quien afirmó categóricamente que los vocales del TSE, específicamente la presidenta María Eugenia Choque, le ordenaron interrumpir la transmisión de resultados al ver que la tendencia no estaba favoreciendo a Evo Morales y, no conforme con eso, cortaron el suministro de internet, de luz y el acceso a teléfono en el Serecí (desde donde se hacían las transmisiones), poco menos que cenizas quedan de este conjunto de autoridades electorales que son los principales responsables de la crisis y convulsión que vive el país desde hace dos semanas.

Los indicios de irregularidades no comenzaron el día de las elecciones. Como bien sabemos todos los bolivianos, este obsecuente grupo de vocales electorales actuó de forma  parcializada con el oficialismo durante toda la campaña, permitiendo el uso de recursos públicos, la propaganda electoral con entrega de obras y no atendiendo a uno solo de los reclamos que se le hizo de parte de la oposición. 

Fue, lo sabemos, una campaña totalmente desequilibrada, pero el mayor desequilibrio lo aportó esta institución que, por definición, debiera ser celosa guardiana de la credibilidad de los procesos electorales.

Pero, ni en las peores pesadillas se podría haber adivinado a los extremos que llegaría. Lo que ha informado Guzmán de Rojas en su informe oficial es insólito: los vocales, si no  organizaron un fraude –cosa que casi nadie en el país a estas alturas cree–, entraron en pánico al ver que su candidato podría perder o no alcanzar los 10 puntos de distancia que necesitaba de su inmediato contendor para evitar la segunda vuelta, y, sin guardar ningún cuidado ni decoro, siguiendo el manual básico del fraude, impulsaron un apagón y ordenaron a la empresa que administraba el único reducto de confianza que existía entonces, el TREP, a cortar el cómputo. Cuando reanudó su trabajo, luego de larguísimas horas en que el país estuvo en zozobra, la tendencia era la que conocemos.

Por supuesto que esto, como no podía ser de otra manera, generó sospechas y desencadenó la crisis que ahora lamentamos. El Gobierno se intenta consolar diciendo que antes de la elección la oposición ya hablaba de fraude y, ¿cómo no iba a ser así si desde el primer día este tribunal tuvo un comportamiento totalmente sumiso cuando debiera ser independiente?

Ya sabemos que el Gobierno jamás admite una culpa, pero, al menos este grupo negligente de funcionarios deberían ser algo más críticos y responsables y responder a los cuestionamientos de los que son objeto con algo de decencia. No es el caso, por supuesto: la presidenta Choque ha lagrimeado una vez más con el argumento de la victimización en vez de hacerse responsable, como lo es por ley, de esta debacle. Por lo demás, el resto de su equipo –una vez consumado el alejamiento de Antonio Costas– ha respondido con soberbia y no han podido despejar una sola duda. 

¿Será posible que estos señores no se den cuenta que la semilla de esta crisis que el Gobierno denomina “intento golpista”  ha nacido de sus actos?, ¿no le han informado a estos señores y al Gobierno que el elemento central de una elección no son tanto los resultados como la legitimidad de éstos  en los electores, quienes, por supuesto, no son solamente los de un partido de todo el país?

Es fácil señalar una conspiración de la derecha o de quien sea, decir que no se quiere aceptar a un indígena como presidente –aunque éste gobierna hace 14 años– y no poner el dedo donde puede salir pus: la forma en que un conjunto de vocales sumisos han dañado la democracia. 

¿Por qué llamó Choque para que se interrumpa el conteo preliminar, por qué mantuvo este silencio culpable? 

Pero, si el TSE ha actuado de forma inaceptablemente inepta, el Gobierno con su aval no lo ha hecho mejor. Si realmente quiere dar señales de transparencia, pacificación y consenso, ¿no debiera destituir a este tribunal?