EL ULTIMATUM

Redacción Arena Política

La convulsión social que enfrenta el País está llegando al apogeo, la Auditoria pactada entre el Gobierno Nacional y la Organización de Estados Americanos, no ha sido aceptada por los sectores en conflicto y las declaraciones de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, solo han servido para desbaratar esa estrategia del oficialismo. El Órgano Electoral indicó que las elecciones bajo ningún supuesto pueden ser anuladas, de forma que la investigación del proceso electoral, solo tendrá valor testimonial, eso deja al ofrecimiento del Presidente Evo Morales y de Luis Almagro como una intención frustrada en el inicio. Es evidente que las contradicciones del Gobierno Central y sus mensajes han exacerbado las pasiones, algo demasiado peligroso, sí se toma en cuenta de que se trata de las movilizaciones y protestas más significativas de los últimos treinta y siete años. Por otro lado los argumentos de quienes cuestionan la transparencia de las elecciones, no han sido refutados ni siquiera parcialmente y las descalificaciones y explicaciones para atacarlos, solo han servido para reafirmar la convicción que tiene mucha gente, de que el 20 de octubre se produjo un fraude monumental. Lo que está claro es que perdió la Democracia, más allá de consideraciones técnicas y de las explicaciones políticas, estas elecciones no tienen legitimidad y las consecuencias de lo sucedido a partir de entonces, demuestran que existe una acumulación de demandas sociales y de frustraciones, que han sido desencadenadas por este conflicto político y se constituyen en un ámbito de descontento social, muy complejo y diverso. Las manifestaciones contra el gobierno, unieron a sectores de izquierda y de derecha, a partidos políticos, cívicos, activistas, trabajadores y campesinos, aspecto que hace más difícil la posibilidad de un acercamiento entre las partes en disputa, precisamente porque son heterogéneas y no responden a un liderazgo común. Es la causa que persiguen la que une a los diversos y con el paso del tiempo, las tensiones han ido aumentando y las exigencias se han tornado más duras, el sábado los Comités Cívicos reunidos en Santa Cruz, decidieron en un gran Cabildo dar 48 horas de plazo al Presidente, para que presente su renuncia. Todo esto sucede después de que hay 2 fallecidos, más de cien heridos y decenas de detenidos y se debe a que Evo Morales respondió a las protestas de quienes lo acusan de fraude electoral, llevando a los mineros asalariados a La Paz, bloqueado carreteras en Santa Cruz, Potosí y Cochabamba y generando incidentes en Tarija. A esos bloqueos le siguieron movilizaciones muy violentas, dos manifestantes fueron asesinados por arma de fuego en la localidad cruceña de Montero y las averiguaciones de la Policía Nacional involucran directamente a una diputada electa del M.A.S, la señora Deisy Judith Choque Arnez, quien sería la autora intelectual de estos hechos y a su hermano Vismark Choque Arnez, que está siendo investigado en la misma causa, porque se le atribuye la autoría material de tales delitos. Las acusaciones más descabelladas se han producido en estos días, por ejemplo el Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, se estrelló contra la Iglesia Católica y la acusó de estar detrás de las movilizaciones sociales, el Vicepresidente a su vez aseveró que Carlos Mesa era un mal perdedor, lo acusó de generar violencia y de ser el responsable de los conflictos. El Gobierno Nacional no tiene un planteamiento claro, de forma que las descalificaciones y las acusaciones que repite, solo han exacerbado los ánimos y han hecho que pierda credibilidad, algo que incide en la agudización del conflicto y en la perdida de cualquier espacio para el dialogo. Por otro lado la Auditoría encargada a la OEA, fue rechazada por la oposición y su comisionado el mexicano Arturo Espinoza Silis, renunció como coordinador de esa tarea, haciendo que aumenten los recelos respecto a la imparcialidad y profundidad que pueden tener las conclusiones que se le deben presentar al Secretario General. Como si todo esto no fuera suficiente, los vocales del Tribunal Supremo Electoral, hicieron pública su posición de que la elección en ningún caso puede anularse, de forma que queda claro que la Auditoria no tiene ningún sentido. El ultimátum de los cívicos, tiene que ver con los plazos y las presiones que han generado las estrategias gubernamentales, es muy difícil especular respecto a lo que puede suceder, sin embargo es evidente que los días venideros serán de impredecibles consecuencias, lo preocupante es que los plazos atan a las voluntades y luego abren puertas que son difíciles de cerrar.