El Órgano Electoral pasará a la historia como la maquinaria al servicio del fraude electoral en Bolivia a plena luz del día y hasta por escrito. En las últimas elecciones terminó cambiando no sólo la tendencia del voto sino además los resultados del cómputo nacional. Los veedores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, observaron el
cambio de tendencia que estaba en favor de la segunda vuelta hasta el 83% del conteo, así como la suspensión abrupta del conteo por más de 20 horas, y cuando lo retomó al 95% del total del conteo, cambió de manera inexplicable
la tendencia y dio como ganador al candidato oficial Evo Morales.
La planificación del fraude comenzó, en efecto, con la abusiva habilitación para las elecciones primarias y de ahí a las elecciones generales de Evo Morales y Álvaro García Linera. Aquí se mostró de cuerpo entero el Tribunal Supremo Electoral al servicio de la reelección indefinida del Gobierno. El Órgano Electoral además desconoció el 21-F, y así había cumplido el primer paso para llegar al objetivo central: manipular los resultados y proclamar ganador al binomio ilegal e inconstitucional. A la manipulación de los votos hay que agregar que la cuarta habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera, supuso una ruptura del sistema constitucional y una amenaza directa a la democracia boliviana. En realidad todo el proceso electoral está contaminado y ha sido prostituido, al extremo que habilitaron candidatos que no pasaron por el filtro de las elecciones primarias.
El Gobierno ha buscado minimizar el conflicto y reducirlo a una pequeña diferencia de votos. Sin embargo, lo que comenzó como un acto delincuencial de manipuleo de votos y cambio de resultados ha dejado de ser un conflicto doméstico para convertirse en un mayúsculo problema político. En realidad
no se trata de una simple modificación de los resultados (que no es un detalle menor) sino de la propia perversión del proceso electoral, y la degradación sistemática de la democracia que terminó con el robo del voto ciudadano. De esto se trata en el fondo, y nadie en su sano juicio aceptará que se haya cambiado la tendencia y los resultados de las elecciones por el
Órgano Electoral.
En realidad el Tribunal Supremo Electoral, lejos de honrar su obligación legal y constitucional de garantizar el voto ciudadano y llevar a cabo un proceso electoral transparente e imparcial, se encargó no sólo de introducir candidatos ilegales sino también de planificar y ejecutar el cambio del cómputo nacional en favor de la candidatura oficialista de Evo Morales y Álvaro García Linera.
La auditoría pactada entre el Gobierno, que preside el candidato Evo Morales y Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos
(OEA), no tiene razón de ser por cuanto el nivel de sospecha de fraude de las elecciones generales ya se ha confirmado.
Además, se trabajará sobre los resultados que les proporcione el Tribunal Supremo Electoral, autor del fraude electoral, que está al servicio de la reelección indefinida de Evo Morales y Álvaro García Linera.
La auditoría acordada al margen de la oposición política, contrasta además
con el informe de los veedores, que ya emitieron su opinión en favor de la segunda vuelta, y el carácter poco menos de “sagrado” de los resultados del cómputo nacional según el propio Tribunal Supremo Electoral.
El proceso electoral se encuentra infectado con el virus del fraude, y el pueblo boliviano se ha indignado y por tanto demanda con mucha convicción el respeto a su voto en las calles. A partir del domingo 20 de octubre no sólo el Órgano Electoral sino también el Gobierno de Evo Morales han perdido legitimidad y debe buscar, con carácter de urgencia, una salida democrática, salvo que opte por el salto al vacío.
