El Senador recordó que tanto San Telmo como Astilleros se encuentran dentro de la zona protegida de Tariquía y que la Constitución Política del Estado (CPE), en el artículo 385, especifica que antes de realizar cualquier acción de exploración o explotación hidrocarburífera se debe realizar una consulta previa a los habitantes de la zona protegida.

De igual manera, argumentó que la Ley de Hidrocarburos, promulgada en mayo del 2005 en los artículos 32, 129, 132 y 133, también señala la necesidad de la consulta previa a cualquier intervención, como lo establece el contrato entre el Gobierno nacional, la empresa Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Por eso nos vemos obligados, para que se cumpla la CPE y la Ley de Hidrocarburos, realizar una acción de inconstitucionalidad hasta que exista la consulta previa a todos los habitantes que están en este momento en la zona de Tariquía”, manifestó Fernández.

Por consiguiente, expresó que la próxima semana, conjuntamente con el apoyo de otros senadores y diputados, se presentará ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para exponer las acciones ilegales que cometió el Gobierno saltarse ese paso clave.

Indicó que por esas falencias el Gobierno está incurriendo en un acto delictivo, pero que sus funcionarios y representantes están acostumbrados a ir en contra de las leyes que ellos mismos promulgaron.

“Ellos están acostumbrados. Lo mismo ha hecho con el referéndum constitucional, con el No del 21 F. Pero el TCP deberá dar con claridad su postura. Hemos intentado anteriormente frenar en el seno del pleno, pero la Cámara de Senadores no nos hizo caso. El discurso fue exactamente el mismo de inconstitucionalidad porque no se estaba cumpliendo la CPE”, expresó Fernández.

Sin embargo, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, además de otros representantes del Gobierno Nacional a nivel departamental, en numerosas entrevistas anteriores afirmaron que se realizó la consulta previa a los comunarios de la reserva, pero un grupo de campesinos de la zona negaron estas declaraciones.

Sánchez lamentó por los grupos, que además catalogó como minoritarios, que se oponen a la exploración y argumentó que el proyecto de Tariquía será definido dentro del proceso de Consulta y Participación que debe realizarse a los comunarios de la zona de influencia del proyecto, dato que confunde a las autoridades departamentales porque según la normativa la consulta previa es anterior a cualquier firma de contrato o exploración.

“Todo proyecto de cualquier índole conlleva un daño medioambiental; el proyecto que proponemos en Tariquía afectará el medio ambiente en un 0.03% porque tenemos medidas de mitigación para disminuir al máximo la afectación. Es el momento de que los bolivianos saquemos provecho de las bondades que nos ofrece la Madre Tierra”, mencionó.

Gobierno: En 11 años renta del gas generó Bs 4.400 MM

El ministro de Hidrocarburos, Alberto Sánchez, explicó que en Tarija se invirtieron, en los últimos 11 años, 3.400 millones de dólares que permitieron el incremento en la producción de gas de 24 a 42 millones de metros cúbicos día y anticipó que para los próximos cinco años las inversiones llegarán a los 4.000 millones de dólares.

Además enfatizó que esa producción de gas generó una renta petrolera de 4.400 millones de dólares, que fueron entregados en los últimos 11 años al departamento.