Crisis de legitimidad y colapso del régimen

El desconocimiento de la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016 y que negó una cuarta respostulación del binomio presidencial Morales–García Linera, marcó el inicio de un severo proceso de pérdida de legitimidad del régimen actual.

En el acto electoral del pasado 20 de octubre, donde el cuestionado binomio buscaba legitimar su re re relección, terminó por gatillar el ingreso a un nuevo estadio en la percepción ciudadana, para situarse el régimen en un estado de evidente crisis de legitimidad. 

Una sorprendente movilización de diversos sectores ciudadanos en la semana inmediata al acto electoral, con grandes rasgos de espontaneidad, sin planificación previa ni mando preestablecido, pero al mismo tiempo vigorosa y masiva en todas las capitales de departamento, puso en jaque al régimen y no dio opción al oficialismo de festejo de su pretendido triunfo, marcándolo por el contrario con el sello indeleble de “fraude”.

Esa vigorosa ciudadanía movilizada se apropió de las calles, otrora espacio esencial de acción política del régimen, y el paro nacional indefinido de larga duración y diversos cabildos opacaron cuanta concentración masiva intentó el Gobierno pretendiendo repetir el impacto de sus glorias del pasado, y hoy, el régimen empieza a tentar alguna manera de amilanar y terminar, sin éxito, con los bloqueos que resultan otro rasgo de la huelga general indefinida ciudadana. 

En medio de esa crisis de legitimidad, el régimen apostó lo más rápido que pudo por el cierre del proceso electoral, con la consiguiente publicación oficial de resultados finales a favor del partido de gobierno y la proclamación del binomio ganador, pero si bien ello en la formalidad inmediata alejó el fantasma que representa para el oficialismo la segunda vuelta, no llevó a la resignación a la ciudadanía movilizada, sino más bien a que ésta adecue sus pedidos, volcando sus exigencias hacia la nulidad del proceso electoral, la renuncia de los actuales gobernantes y de las autoridades del Órgano Electoral Plurinacional, en tanto responsables de la forma fraudulenta en que el régimen pretende afianzar su cuestionada re re elección.

Como otra carta adicional, el Gobierno activó una auditoría electoral a cargo de técnicos de la OEA. Sin embargo, una actuación anterior de su Secretario General cuando visitó al país, la falta de garantías de obligatoriedad de las recomendaciones de la auditoría, y la cláusula de poder romper el convenio sin justificación alguna, terminaron por no aportar al esfuerzo de recuperar legitimidad por parte del régimen. Y simplemente se le agotan sus esfuerzos por lograr la resignación de la población y su consiguiente reconocimiento como ganador de la elección.

Es cierto que el Gobierno aún no ha agotado todos sus recursos, sobre todo de movilización de sus llamados movimientos sociales, pero no se puede ignorar que una crisis de legitimidad arrastra también el debilitamiento de su bloque social de sustento. El suplantar mineros con funcionarios públicos, la rebeldía y petición de nuevas elecciones por parte de los fabriles de Cochabamba, ilustran la tendencia de desintegración de la base social del régimen.

Le queda aún el ahogar la protesta ciudadana mediante una represión sin precedentes, e incluso con uso de paramilitares, como se sospecha en las muertes causadas en el municipio de Montero; pero la experiencia enseña que tales métodos terminan por minar aún más la legitimidad de un régimen, a la par que refuerza la urgencia de la búsqueda de soluciones acordes a la democracia y el Estado de derecho que son inherente a la defensa del voto.