Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 11 de abril de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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“Nadie puede tocar esa sentencia (que permite a Evo Morales y a otras autoridades repostularse para un nuevo periodo de manera continua), tal vez una corte celestial”, dijo Hugo Siles, viceministro de Autonomías, pero catedrático de Relaciones Internacionales.
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Sus declaraciones van en concordancia con lo dicho ayer por Pablo Menacho, procurador general del Estado -una especie de abogado del país ante los litigios internacionales-, y el ministro de Justicia, Héctor Arce.
Menacho tuiteó que ni la Comisión Interamericana ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos sustituyen a los órganos judiciales de los Estados y no tienen competencia para revisar sentencias dictadas por tribunales locales. A ello se sumó ayer el ministro de Justicia en una conferencia de prensa, cuando acusó a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), de violar la Carta Democrática de la institución multilateral, ya que en su artículo 3 señala que todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social.
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Esto provocó que el expresidente Tuto Quiroga compare al Gobierno boliviano con Chile, por negar la potestad de la OEA, y que José Luis Santisteban, constitucionalista y asambleísta de Demócratas, acusara a Arce de decir verdades a medias.
El origen
El lunes, Almagro acusó recibido de la resolución de la Comisión de Venecia en la que los juristas internacionales concluían que la reelección no es un derecho humano y que limitarla no restringe el derecho a la participación política de los electores ni de los candidatos y que, al contrario, puede abrir la posibilidad de que la democracia se convierta en una dictadura de facto. Almagro anunció además que enviaría esta resolución a la Comisión Interamericana y a la Corte de Derechos Humanos por lo que consideró una mala práctica reiterada por algunos estados americanos de tratar de cambiar la Constitución durante la vigencia del mandato para aspirar a la reelección.
En Bolivia, donde los límites constitucionales a la reelección se borraron con la sentencia constitucional del 28 de noviembre de 2017, el video de Almagro hizo pronunciarse incluso al presidente Evo Morales.
Acusó a Almagro de tener un afán político y desestabilizador, de no respetar la carta de la OEA ni la soberanía de los estados.
Siles explicó, luego, que la máxima instancia judicial en Bolivia es el Tribunal Constitucional y que sus fallos no se pueden apelar, ni siquiera ante una instancia internacional, ya que la Corte Interamericana no tiene la potestad de modificar las sentencias locales.
Resalta que pueden haber recomendaciones, pero en ningún caso son vinculantes. Esto fue criticado por Quiroga, que aseguró que el presidente sigue la misma táctica de Chile en su dúplica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya: “incumple sus promesas y niega validez a OEA”.
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Santisteban ve otra “verdad a medias” en la afirmación de que no puede una sentencia de la CIDH modificar un dictamen local. Explica que no lo modifica, pero sí puede declarar que esa resolución viola lo indicado por los artículos 30 y 32 del Pacto de San José de Costa Rica, que indica que se pueden limitar los derechos de los ciudadanos cuando esto afecte los derechos de los demás y por razones de interés general. En ese caso, una sentencia de la corte de San José sería de cumplimiento obligatorio para Bolivia, y si no se acatan, el reclamo puede llegar a la
Asamblea General de la OEA y el país puede ser pasible a que se aplique la Carta Democrática a Bolivia y sea expulsada de la OEA como Venezuela.
Siles, sin embargo, recuerda que hasta la fecha ninguna de las denuncias presentadas contra el Estado por este tema ha sido admitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Caravana hizo escala en la paz, rumbo a Lima
La caravana de plataformas ciudadanas que partió el lunes de Santa Cruz de la Sierra rumbo a Lima con la intención de llevar la protesta contra el irrespeto al voto del 21-F en los alrededores de la Cumbre de las Américas, hizo pascana en La Paz. Allí, los miembros de la denominada Caravana por la democracia Lima 2018, entregaron al Tribunal Supremo Electoral más de 10.000 cartas dirigidas a Katia Uriona, presidenta del Órgano Electoral, para pedirle que haga respetar la decisión ciudadana expresada en el voto mayoritario por el No en el referendo del 21 de febrero de 2016.
Según Eduardo Gutiérrez, de la plataforma SOS Bolivia, la entrega pudo ser hecha luego de unos trámites.
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Hoy continuarán viaje hacia Lima, para llegar el jueves a las 15:00 a una ciudad que ya no será visitada por el presidente estadounidense Donald Trump, que decidió quedarse en Washington tras los ataques con armas químicas en Siria.
En la capital peruana, luego de la decepción de la cancelación de la visita del presidente estadounidense, el ambiente se está calentando lejos de los salones que albergarán a los presidentes. Por un lado, la cumbre paralela cobra importancia por los rumores de la llegada de Nicolás
Maduro, a quien le han negado su participación en el evento oficial.
El arribo de cientos de venezolanos el lunes da una pista de ello. También se espera que ese evento sea una de las despedidas de Raúl Castro en un discurso internacional. De forma paralela, las organizaciones contrarias a estos movimientos también organizan encuentros paralelos en Lima, donde los disertantes estelares serán disidentes cubanos y venezolanos.
