Auditoría Electoral Bajo Estos Términos

Carta Abierta

Académicos de Bolivia exigen una auditoría irrestricta e integral al proceso electoral, a cargo de la misión de la OEA, con participación de la Unión Europea y entidades académicas nacionales que valide su transparencia e integridad, con carácter vinculante.
Pudiendo resultar de este proceso el descubrimiento de irregularidades que derivarían en una Segunda Vuelta electoral convocada por un Tribunal Supremo Electoral ad hoc, de la manera más pronta posible o en el caso de fraude manifiesto en la anulación de la elección y el procesamiento de los autores del mismo.
Los ciudadanos firmantes nos dirigimos a la comunidad nacional e internacional para expresarles nuestra profunda preocupación por el clima de enfrentamiento social que vive Bolivia. La falta de confianza en las instituciones que administraron el proceso electoral y los llamados a la confrontación por parte de la cabeza del Gobierno no contribuyen a una salida pacífica y consensuada a este conflicto y demuestran la imposibilidad de establecer mecanismos nacionales de diálogo efectivo y necesario.
Un proceso de auditoría transparente puede ser la clave para evitar que la violencia escale a puntos de no retorno y se recomponga así el sistema democrático. No obstante, también existe el riesgo de que el examen de la Elección carezca de credibilidad o de profundidad si no cumple, al menos, los siguientes aspectos:
1. La auditoría internacional, a realizarse por expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), debe tener por garantes y observadores del proceso a distintos Estados, representantes de la Unión Europea y entidades académicas nacionales a ser designados por las diferentes partes involucradas en el conflicto (fuerzas políticas y sociedad civil).
2. Esta auditoría internacional debe ser irrestricta, amplia, integral y vinculante. En ese sentido, el Memorándum de Entendimiento que se suscriba con la OEA y que defina el alcance y términos de referencia debe ser concertado con las partes en conflicto.
3. Estimamos que la auditoría puede encontrar irregularidades corregibles o un fraude manifiesto.
a. Si se encontraran irregularidades que hayan modificado los resultados, deberá llamarse a una segunda vuelta electoral.
b. Si se prueba un fraude, las elecciones deberán ser anuladas y convocarse a nuevos comicios.
4. La auditoría debe cubrir de manera completa y extensa los sistemas informáticos utilizados durante el proceso electoral para establecer si han sufrido vulnerabilidades y si se contaban con las medidas de seguridad necesarias. Además, se debe constatar la existencia o no de sistemas no legales de funcionamiento paralelo.
5. También se debe auditar el código fuente de todo el sistema informático para rastrear posibles modificaciones sistemáticas; las bases de datos obtenidas durante el proceso de votación; los registros de los servidores en general; y los registros de acceso a las bases de datos.
6. Por otro lado, es necesario establecer mecanismos de auditoria a las imágenes digitales de las actas, las copias físicas en poder de los partidos y las actas físicas en poder del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la validez de las actas.
7. También es necesario evaluar la cadena de custodia de las actas desde el momento en el que salieron de los centros de votación hasta el momento en el que fueron computadas y cargadas a los sistemas informáticos.
8. Es crucial evaluar el padrón electoral para indagar sobre las denuncias de votación a nombre de personas fallecidas y el doble registro de votantes.
9. Es ineludible auditar el conteo del TREP y su posible manipulación la noche del 20 de octubre.
10. La auditoría debe ser realizada en un tiempo corto que, sin embargo, no comprometa la eficiencia del proceso, evitando que se supere el tiempo de mandato de los actuales gobernantes.
La mayor amenaza para la credibilidad de la auditoría es que los equipos informáticos, así como la documentación correspondiente, hayan sido o estén siendo manipulados, y dado que el TSE no goza de la confianza de una gran parte de la población y de los actores en el conflicto, es necesario que estos elementos queden, de manera inmediata, bajo custodia de una instancia imparcial.
Como miembros de la sociedad civil exigimos el cumplimiento de todos estos aspectos para que los resultados de la auditoría no devengan en dudosos o deriven en un proceso poco profundo con el que se corra el riesgo de no identificarse las irregularidades advertidas por el informe de la MOE de la OEA o los posibles patrones en caso de detectarse un fraude.
Además, en caso de comprobarse acciones fraudulentas, el proceso debe establecer quiénes fueron los responsables intelectuales y materiales de las irregularidades cometidas.
Por ello, exigimos y demandamos a Evo Morales Ayma, Carlos Mesa Gisbert y a todos los actores involucrados firmar los acuerdos necesarios de manera pública y con el acompañamiento de las misiones internacionales que actúen como garantes para viabilizar esta medida, facilitando todas las condiciones necesarias para que se lleve adelante de manera pronta y transparente y observando todas las condiciones mínimas mencionadas.
Adicionalmente, para permitir la participación de la sociedad civil en el análisis de las irregularidades del proceso, instamos a que se dé acceso irrestricto y público de todas las actas, de todos los componentes del sistema informático, los algoritmos utilizados, los datos y todos los elementos relativos al proceso electoral cuestionado.
En un momento que seguramente va a quedar marcado en la historia de nuestro país, lo que viene debe ser un proceso de reconstrucción de la confianza de un nuevo TSE y de otras instituciones vitales para la democracia.

Abel Villca Roque 4790032 LP
Alfonso Finot 2467904 LP
Andrés Guzmán E. 2539287 LP
Amalia Álvarez Bantier 1019037-1l
Carlos Schlink Ruiz 5389966 SC
Ana María Solares Gaite 471617 LP
Claudia Cóndori Laura 4921781 LP
Carlos Rodrigo Zapata C. 466973 LP
Claudia Muñoz-Reyes 2373427 LP
Cecilia Salazar 2375725 LP
Daniel E. Moreno M. 3728026 CB
Cristian R. Nogales C. 5204241 CB
Francesco Zaratti 2233262 LP
Diego Ayo 2637627 LP
Franz Marcelo Gómez Soto 2363138 LP
Enrique Velazco Reckling 250105 LP
Hugo Arévalo Limón 2385659 LP
Felipe Antonio Seoane 4785190 LP
Iván Arias 2429326 LP
Franz Marcelo Gómez Soto 2363138 LP
Iván Finot 760803 CB
Germán Molina Díaz 495364 LP
Ivonne Farah 1676267 LP
Gustavo Adolfo Calle L. 6008024 LP
Joaquín S. Morales B. 3375364 LP
Javier Badani Ruiz 2371691 LP
Jorge Dulon Fernández 3393544 LP
Jédu Sagárnaga 2064025 LP
José Carlos Campero 2204453 LP
José Luis Carvajal B. 2534731 LP
Jose Gabriel Espinoza 3654722 CH
Luis Alfonso Via Reque 763935 CB
Juan Antonio Morales 731000 CB
Marcelo Arequipa Azurduy 5472423 LP
LiLy Peñaranda 3454344 LP
Marcelo Villafani I. 3097909 OR
Marcos F. Andrade 2443232 LP
Raúl Peñaranda 2059743 LP
Rafael López V. 3375244 LP
Robert Brockmann S. 2361446 LP
Ramio Orías 2863691 LP
Sebastián Antezana Quiroga 4260559 LP
Ricardo Aguilar A. 3439871 LP
Sonia Dávila Poblete 587741 OR
Teresa Rosazza 110295 LP
Soraya A. Román E. 4835739
Walter Arancibia Soria 670747 OR
Susana Capobianco S. 3418912 LP
Yerko Ilijic Cros 3380723 LP
Vivian Schwarz Blum 4383553 LP

El presente documento ha sido firmado a título personal y no representa la postura de las instituciones a las que los signatarios están afiliados.

Bolivia, 29 de octubre de 2019