Aun cuando no sirva de consuelo, aclaro que nunca lo consideré una persona confiable, peor todavía digna del apoyo en las urnas. Desde sus tiempos en la oposición, cuando bloqueaba caminos, agrediendo a policías, militares, pero también al ciudadano que sólo quería trabajar, su actitud era incompatible con el orden democrático. Sus demandas tenían el infaltable sello de la intransigencia y, además, las prácticas violentas. No le importaba cuánto daño se causaba para obtener ciertas ventajas en favor del grupúsculo que representaba, los productores de hoja de coca, elemento indispensable para elaborar cocaína. Resumiéndolo, ya cuando irrumpía en la esfera política, no parecía ofrecernos un cambio que sirva para mejorar el, a menudo, difícil panorama de Bolivia.

Su ejercicio del poder no ha sido reacio al uso irregular de la fuerza. Prometió que no habría ningún muerto en su Gobierno; al presente, lleva numerosos, a nivel nacional, caídos cuando se movilizaban contra sus medidas. Más aún, el año 2009, en el hotel Las Américas, se produjeron tres ejecuciones extrajudiciales, tal como lo evidenciaron informes médico-forenses del extranjero. Tal vez uno de los mayores ejemplos se dé gracias a un viceministro, Rodolfo Illanes, quien, en 2016, prácticamente, sin mayores recaudos, fue enviado a la muerte porque, así, se desencadenaba una represión para terminar con un reclamo de mineros cooperativistas. Por supuesto, cuando no emplean esos medios, puede utilizarse a la corrupta justicia para multiplicar procesos contra opositores. No es casual que su régimen tenga centenares de exiliados en varios países.

Por otro lado, su Gobierno, que ya lleva trece años, ha sido una fuente incesante de corrupción. Por desgracia, la indecencia en el manejo de los recursos públicos jamás fue un hecho aislado, ni mucho menos; empero, con su partido, los latrocinios sobrepasaron nuestra imaginación. Desde un funcionario del banco estatal que, como si nada, viajaba con sus amigos en avión al extranjero, así como también regalaba un auto de lujo a su novia, hasta el derroche del Fondo Indígena. Destaco esto último porque, en diversas ocasiones, se sostuvo que Morales Ayma representaba a una especie de moralidad superior, por el hecho de ser originario (aunque, como se sabe, ni siquiera habla un idioma nativo); sin embargo, al manejar proyectos millonarios, muchos no tuvieron problema en aumentar su patrimonio.

Naturalmente, lo que provoca ahora más indignación, aunque no sorpresa, se relaciona con su desprecio al voto. En efecto, Juan Evo Morales Ayma se ha jactado, gritándolo a voz en cuello, de “gobernar obedeciendo al pueblo”. Mas todo ha quedado en sus largos e infértiles discursos. En un referendo del año 2016, con claridad, la mayoría de los ciudadanos se manifestaron contra su reelección. Había distintas razones para ello; no obstante, su propia Constitución, vigente desde 2009, lo estableció de esa forma.

¿Obedeció el mandato de su soberano?

No, recurrió a jueces serviles para que se le reconozca un absurdo “derecho humano” a ser candidato sin ninguna limitación de mandatos.

Así las cosas, no asombra que, en estas últimas elecciones, una vez más, se burle de la ciudadanía, imponga un fraudulento recuento de votos y, sin la menor vergüenza, pretenda que lo celebremos. Quiere
hacer, pues, lo que le plazca. El problema es que no todos están dispuestos a contemplar su enésimo ataque y no hacer nada para remediarlo. Su tiranía se topará con un obstáculo inamovible.