Ref. Fotografia: Enfrentamientos en Bolivia tras las elecciones presidenciales. Foto: Getty Images

La oposición boliviana rechaza que la auditoría acordada entre el Gobierno y la OEA sea la solución al conflicto en el país, enquistado desde que hace más de una semana las sospechas de fraude electoral desataran una ola de protestas.

El canciller de Bolivia, Diego Pary, comparecía a primera hora de este miércoles para anunciar el inicio mañana de la esperada auditoría con la que el Gobierno de Evo Morales confía despejar las denuncias de fraude ante los ojos de la comunidad internacional.

La Organización de Estados Americanos (OEA) prevé comenzar este jueves la investigación "vinculante" acordada con el Ejecutivo de Morales, quien invita a sumarse a países como España, México y Paraguay en aras de transparentar lo ocurrido tras las votaciones del pasado 20 de octubre.

EL RECHAZO DE LA OPOSICIÓN

Pero la oposición no se fía de un organismo cuyo secretario general, Luis Almagro, avaló en su día la candidatura a la reelección del presidente para un cuarto mandato, desoyendo sus advertencias de que es ilegal que el mandatario pretenda seguir en el poder hasta 2025.

"No aceptamos la auditoría en los actuales términos, pactados unilateralmente", aclaró el opositor Carlos Mesa, que no reconoce el triunfo que el órgano electoral dio a Morales y desde el día después de los comicios ha exigido que ambos vayan a una segunda vuelta por ser los dos más votados.

Es más, Mesa dijo que incluso apoya a partir de ahora a los sectores cívicos y movimientos sociales que directamente "plantean la anulación de las elecciones", sin ni siquiera esa segunda ronda.

MORALES CUESTIONA AL RESTO

El presidente Morales, que no compareció por la mañana en La Paz pese a estar anunciado, respondió por la tarde a los opositores durante un acto en la región andina de Oruro cuestionándoles por qué fueron a las elecciones si consideran ilegal su candidatura.

El Tribunal Supremo Electoral avaló su candidatura en base a un fallo del Tribunal Constitucional que determinó el derecho a la reelección indefinida, pese a que la Constitución que el propio mandatario promulgó limita a dos los mandatos consecutivos y un referéndum le negó la posibilidad de presentarse para este cuarto.

El mandatario denunció que "ya estaba preparado" desde antes de la votación el que la oposición denunciara fraude.

A FAVOR Y EN CONTRA EN LA CALLE

Mientas los políticos no se ponen de acuerdo y la crisis que atraviesa el país no parece encontrar una salida, en las calles unos y otros no dejan de manifestarse.

Mineros, campesinos, sindicalistas y otros movimientos sociales afines marchaban en La Paz a favor del presidente, para que la oposición no les prive de una nueva victoria, la cuarta consecutiva desde la que le llevó al poder en 2005.

"Mi voto también se tiene que respetar, porque yo voté a Evo", declaró a Efe Florencia Machaca, una de las manifestantes.

"Estamos haciendo una marcha pacífica, para desbloquear las acciones de la oposición", manifestó a Efe Reynaldo Cáceres.

Los bloqueos en las calles por quienes respaldan a la oposición y a los movimientos cívicos fueron durante esta jornada menos contundentes que en las anteriores en ciudades como La Paz y Cochabamba.

Y menos violentos que en días precedentes en Cochabamba, sin los duros enfrentamientos entre partidarios y contrarios a Morales.

La Policía se ha empleado para anticiparse y evitar que unos y otros choquen, sin tener que cargar con gases lacrimógenos para dispersarlos como en días anteriores, aunque algunos mineros han seguido lanzando dinamita durante sus marchas, pese a estar prohibido.

MÁS DE CIEN HERIDOS EN ESTA CRISIS

El número de heridos es de al menos 139 desde que comenzaron los incidentes, según datos de la Defensoría del Pueblo boliviana.

Un joven compareció ante las cámaras en La Paz para denunciar que perdió un ojo por el impacto de una cápsula de gas, dejando una de las imágenes impactantes de la jornada.

Los comités cívicos del país están convocados a un cabildo o asamblea nacional este jueves en La Paz, para decidir sus próximos pasos en uno de los más serios conflictos en Bolivia en estos trece años de gobierno de Evo Morales.