A punto de quedar acorralado por las protestas que se multiplican diariamente, el gobierno está poniendo la solución de la crisis en manos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, como se sabe, propuso realizar una auditoria siempre y cuando sus resultados sean vinculantes.
Hace algo más de 10 meses, el 15 de enero del año que transcurre, se supo que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el embajador de Bolivia ante ese organismo, José Alberto Gonzales, firmaron un acuerdo para el arribo a Bolivia de una misión de observadores que evaluarían las elecciones primarias del 27 de enero.
A partir de ese día, quedó claro que la OEA estaba siendo llamada a jugar un rol de primer orden en el proceso actual. Empero, la firma del convenio, con todas sus previsibles consecuencias, fue recibida con cierta confusión en las filas opositoras. Hubo incluso abundantes expresiones de rechazo e indignación.
La confusión era comprensible porque el aparato propagandístico gubernamental presentó la noticia como un tácito aval a la repostulación del binomio Morales/García. Dados los antecedentes de Luis Almagro —su conocida posición adversa a los regímenes de Venezuela y Nicaragua, y la reconocida firmeza con que, en más de una ocasión, dio elocuentes pruebas de su identificación con valores y principios de la institucionalidad democrática— su imagen firmando ante las cámaras un acuerdo con el representante de Evo Morales en la OEA parecía un acto difícil de comprender.
Tales suspicacias se multiplicaron exponencialmente en mayo, cuando Almagro se hizo presente en nuestro país para asistir a la proclamación del binomio oficialista, en Chimoré, un lugar con enorme carga simbólica. Se recordó además que, muy poco antes, Evo Morales le había una furibunda andanada verbal cargada de insultos de muy grueso calibre, todo por la firmeza con que poco antes, en su calidad de secretario general de la OEA, había encabezado una ofensiva diplomática internacional contra los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua.
Con esos antecedentes, no es sorprendente la desconfianza con que ha sido recibida la posibilidad de que la auditoría de las elecciones quede en manos de funcionarios de la OEA, designados por Almagro.
Debido a estos antecedentes, no solo la oposición sino el tercer factor gravitante de este conflicto —los comités cívicos— ya han expresado su rechazo a la auditoria vinculante que, según los anuncios oficiales, debería comenzar hoy.
Los cívicos están llenando las acefalías de liderazgo que habían sido tan cuestionadas incluso mucho antes del proceso electoral que todavía no se cierra. En tal sentido, y con más o menos intensidad, según la ciudad, protagonizan una huelga general indefinida y protestas en cada capital de Departamento. Con el presidente del comité cruceño sin poder ingresar, todavía, a La Paz, el liderazgo del movimiento cívico parece haber quedado en manos de los de Potosí y Chuquisaca. Ellos, junto a sus similares del interior, confirmaron para las 18:00 de hoy el primer cabildo nacional; es decir, uno que se realizará simultáneamente en casi todas las capitales de Departamento.
