En ese sentido los ciudadanos firmante dirigiéndose a la comunidad nacional e internacional,  proponen diversas bases técnicas para dar credibilidad y en busca de "un proceso de auditoría transparente puede ser la clave para evitar que la violencia escale a puntos de no retorno y se recomponga así el sistema democrático".

"Los ciudadanos firmantes nos dirigimos a la comunidad nacional e internacional para expresarles nuestra profunda preocupación por el clima de enfrentamiento social que vive Bolivia. La falta de confianza en las instituciones que administraron el proceso electoral y los llamados a la confrontación por parte de la cabeza del Gobierno no contribuyen a una salida pacífica y consensuada a este conflicto y demuestran la imposibilidad de establecer mecanismos nacionales de diálogo efectivo y necesario", sostuvieron.

Entre las personalidades que firman, están analistas, investigadores, periodistas, politólogos y otras ramas, como: Francesco Zaratti; Ramio Orías; los analistas Iván Arias, Marcelo Arequipa Azurduy, Yerko Ilijic, Diego Ayo, Raúl Peñaranda, Andrés Guzmán, Iván Finot, y otros más.

Ellos proponen la presencia de garantes y observadores, además de representantes de la Unión Europea y entidades académicas nacionales a ser designados por las diferentes partes involucradas en el conflicto (fuerzas políticas y sociedad civil).

"Por ello, exigimos y demandamos a Evo Morales Ayma, Carlos Mesa Gisbert y a todos los actores involucrados firmar los acuerdos necesarios de manera pública y con el acompañamiento de las misiones internacionales que actúen como garantes para viabilizar esta medida, facilitando todas las condiciones necesarias para que se lleve adelante de manera pronta y transparente y observando todas las condiciones mínimas mencionadas", se lee.

Adicionalmente, para permitir la participación de la sociedad civil en el análisis de las irregularidades del proceso, instamos a que se dé acceso irrestricto y público de todas las actas, de todos los componentes del sistema informático, los algoritmos utilizados, los datos y todos los elementos relativos al proceso electoral cuestionado.

Por otro lado solicitan que sea irrestricta, amplia, integral y vinculante. "En ese sentido, el Memorándum de Entendimiento que se suscriba con la OEA y que defina el alcance y términos de referencia debe ser concertado con las partes en conflicto", se lee en el documento.

Sostienen que en caso de encontrase irregularidades que hayan modificado los resultados, deberá llamarse a una segunda vuelta electoral. Y en caso de que se pruebe un fraude, señalan que las elecciones deberían ser anuladas y convocarse a nuevos comicios.

"La auditoría debe cubrir de manera completa y extensa los sistemas informáticos utilizados durante el proceso electoral para establecer si han sufrido vulnerabilidades y si se contaban con las medidas de seguridad necesarias. Además, se debe constatar la existencia o no de sistemas no legales de funcionamiento paralelo", es otra de las propuestas.

Asimismo señalan que se debe auditar todo el sistema informático para rastrear posibles modificaciones sistemáticas; las bases de datos obtenidas durante el proceso de votación; los registros de los servidores en general; y los registros de acceso a las bases de datos.

Indican que también se debe auditar las imágenes digitales de las actas, las copias físicas en poder de los partidos y las actas físicas en poder del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la validez de las actas.

Otra propuesta es "evaluar la cadena de custodia de las actas" desde el momento en el que salieron de los centros de votación hasta el momento en el que fueron computadas y cargadas a los sistemas informáticos.

Insistieron en que es "crucial evaluar el padrón electoral para indagar sobre las denuncias de votación a nombre de personas fallecidas y el doble registro de votantes", así como una evaluación al conteo del TREP y su posible manipulación la noche del 20 de octubre.

En ese sentido y como miembros de la sociedad civil, exigen "el cumplimiento de todos estos aspectos para que los resultados de la auditoría no devengan en dudosos o deriven en un proceso poco profundo con el que se corra el riesgo de no identificarse las irregularidades advertidas por el informe de la MOE de la OEA o los posibles patrones en caso de detectarse un fraude".

Además, pidieron que en caso de comprobarse acciones fraudulentas, el proceso debe establecer quiénes fueron los responsables intelectuales y materiales de las irregularidades cometidas.

Finalmente manifestaron que el país vive un momento que quedará marcado en la historia, y que en adelante se debe vivir un proceso de reconstrucción de la confianza en un nuevo TSE y de otras instituciones vitales para la democracia.