El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, está enfrentando serias acusaciones. La concejala del MAS Rocío Molina ha denunciado que existen fuertes sobreprecios en la compra de 91.000 mochilas escolares y material educativo, decidida por la Alcaldía valluna.

Editorial

Graves acusaciones contra Leyes

El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, está enfrentando serias acusaciones. La concejala del MAS Rocío Molina ha denunciado que existen fuertes sobreprecios en la compra de 91.000 mochilas escolares y material educativo, decidida por la Alcaldía valluna. 

Según la estimación del oficialismo, las mochilas debían haber costado 2,3 millones de bolivianos, pero fueron adjudicadas en 12,4 millones. Por unidad, cada producto cuesta 26 bolivianos, según la versión de Molina, pero fue comprada en 145 bolivianos.

Las irregularidades van más allá: en primer lugar, la empresa que vendió las mochilas, que son de industria china, fue formada cuatro días antes de la licitación de la Alcaldía. 

Todavía más sorprendente, el ministro de Justicia, Héctor Arce, denunció que los morrales fueron mandados a producir en China en agosto, cuando recién en noviembre se produjo la licitación.

Finalmente, dicen las autoridades, las mochilas y el material escolar tienen impresos los logos de dos campañas municipales lanzadas en septiembre, cuando la compra de los bienes en cuestión se hizo en agosto.

Si los productos debían costar 2,3 millones de bolivianos y el municipio pagó 12,4 millones, llegamos a la conclusión de que el daño económico al Estado fue de 10,1 millones, casi 1,5 millones de dólares.

 La respuesta de Leyes ha sido,  hasta ahora, insuficiente. No se ha referido al fondo de la acusación y solamente ha señalado que el Gobierno lo persigue por su actitud crítica. 

Su partido, Demócratas, que lidera el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, tampoco ha emitido una declaración formal al respecto. Y en general la oposición ha defendido a Leyes, pero sin aportar datos que logren esclarecer el entuerto.

Este caso debe ser investigado a profundidad. No se puede permitir que funcionarios públicos tomen decisiones que afecten el erario nacional.

 Aunque la cifra es pequeña comparada con las enormes sumas con las que se acusa a autoridades de Gobierno, que muchas veces sobrepasan las decenas de millones de dólares, ello no es justificación para dejar pasar por alto esta grave acusación.

Obviamente que se le podría exigir al ministro Arce que actúe de la misma manera con la que está atacando a Leyes en las decenas de casos que afectan a integrantes del MAS. Pero no hará nada puesto que su función es política. Incluso eso, que sirve de importante dato de contexto, no puede ser argumento para no tomar sus denuncias contra Leyes de la manera más seria posible.