Defensa de los principios y valores democráticos

Si hay algo que está fuera de toda duda, fuera cual fuese el punto de vista desde el que se observen los hechos que están produciéndose en nuestro país, es que estamos asistiendo a un momento histórico, de esos que marcan un antes y un después en la historia de los pueblos.

Dadas las actuales circunstancias, sus antecedentes y sus proyecciones hacia el porvenir, se puede afirmar que estamos ante hechos cuya importancia es sólo comparable al 10 de octubre de 1982, cuando se inauguró el período democrático cuya preservación ahora está en juego. Estamos ante el punto culminante de un ciclo histórico que después de 37 años está a punto de cerrarse. Es decir, estamos ante uno de esos extraordinarios puntos en los que el camino se bifurca abriéndose a rumbos alternativos, excluyentes entre sí.

El dilema se nos plantea en al menos tres dimensiones: la dimensión legal, la política y la axiológica, o sea la relativa a los principios y valores que queremos adoptar como orientadores de nuestra vida en común y de las próximas generaciones.

El aspecto legal es a estas alturas el menos discutible, pues la claridad con que las leyes vigentes marcan los límites a las inclinaciones autoritarias no resulta suficiente para dar por zanjadas las controversias actuales. La decisión gubernamental de pasar por encima de cualquier cortapisa legal nos ha llevado a tal situación, que buscar vías de salida dentro del marco legal resulta irrisorio.

Tampoco ya es posible esperar que la tan urgente fórmula orientadora provenga de la dimensión política del asunto. Y no sólo porque los principales exponentes de ambos polos del conflicto han renunciado de antemano a ese escenario, sino porque ha sido reducido a añicos todo el andamiaje institucional tan trabajosamente construido para contener, este tipo de disputas, dentro de los cauces de la negociación política.

Ante esa situación, no hay nada más que dos posibilidades. Una, reconocer el fracaso de los esfuerzos hechos durante los últimos 37 años y aceptar con resignación que vuelva a ser mediante la fuerza bruta, en las calles o en los cuarteles, como se diriman nuestras divergencias. La otra, perseverar en la tarea de preservar y perfeccionar nuestro sistema democrático, resistir cualquier forma de arbitrariedad y huir de la tentación de recurrir a las vías de hecho. 

Son los principios y valores, que hacen posible la convivencia civilizada, los que están en juego y ante ello no puede haber lugar para las dubitaciones.