Si el Gobierno estuviera en toda su ley, con la razón en la mano y con el arma de la Constitución de su lado, debería emitir una orden a la Policía y a las Fuerzas Armadas para iniciar la pacificación del país y la restitución del orden, como lo hicieron en Chile recientemente y en Ecuador algunas semanas atrás.

Eso sería en caso de que los ciudadanos que están en las calles estuvieran provocando violencia o que sus peticiones estén dominadas por alguna motivación desestabilizadora. Ni siquiera el supuesto golpe de estado que ha venido denunciando reiteradamente el primer mandatario y su entorno, ha causado repercusión en el seno de la institucionalidad que tiene el deber de proteger al Gobierno o en la comunidad internacional, que masivamente sigue estando de lado de las sospechas de fraude y el desconocimiento de los resultados emitidos por el Órgano Electoral y por ende, del lado de millones de bolivianos que desde hace más de una semana, vienen exigiendo el respeto al voto y a la vigencia del sistema democrático en Bolivia.

Desde sus inicios el Gobierno de Evo Morales ha usado el terrorismo de Estado como método de lucha. Lo hizo en El Porvenir, en Cochabamba, en el cerco a Santa Cruz y en Chaparina, pero en todos esos casos intentó disimular las cosas con excusas como “rotura de la cadena de mando” y otras estrategias propias del estalinismo que practican algunos aventureros que manejan los hilos del poder. Esta vez, el presidente no podrá sacar los pies del plato, pues todos han sido testigos del llamado a la guerra que hizo el pasado miércoles, cuando convocó a los movimientos sociales afines a enfrentar a los ciudadanos que protestan y, cuando días después, él mismo ordenó montar un cerco que impida el paso de alimentos hacia las capitales más importantes del país con el objetivo de asfixiarlas y forzar la capitulación.

Las evidencias de fraude y estas reacciones del oficialismo no hacen más que conducir al régimen hacia un estatus conocido como el de “estado forajido”, que complica la situación legal de sus conductores, pues se exponen a la violación de normas internacionales que protegen los derechos humanos y que velan por la paz y la democracia. En los hechos, no han conseguido más que incrementar la molestia popular, traducida en el paro cívico más prolongado de la historia del país y en el cambio de postura, pues al principio se exigía segunda vuelta y hoy crece la petición de anulación de las elecciones. En la medida que el régimen insista en su tozudez de no ver lo que tiene al frente, se expone a una situación mucho más riesgosa todavía.

Pero el libreto gubernamental parece ser más tenebroso todavía. Ayer hizo su primera aparición desde que estalló el conflicto, el vicepresidente García Linera, quien hizo saber que entre los planes se encuentra el procesamiento del expresidente Carlos Mesa, lo que quiere decir, su encarcelamiento. Minutos después de su intervención pública, un grupo de personas muy bien aleccionada le impidió al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho ingresar a la ciudad de La Paz, donde debía asistir a una reunión.