Han pasado 37 años desde la recuperación de la democracia como sistema de gobierno y de convivencia social, luego de enfrentar sacrificadas y cruentas luchas para no permitir que un sistema dictatorial se apodere del país.

La sangre de quienes ofrendaron sus vidas por la democracia en Bolivia hoy nos reclama: ¿qué democracia hemos construido?, ¿no será que estamos destruyendo los pilares fundamentales sobre los que se sostiene?

Sin caer en fundamentalismos fanáticos que idolatran la democracia como si fuese el único sistema político posible (por ahora lo es, con sus grandezas y miserias), y manteniendo un sentido crítico de la realidad frente a quienes, con cinismo escandaloso, declaran que en Bolivia hoy se vive en democracia plena, debemos reafirmar una vez más que depende de nosotros, como pueblo, mantener y sostener la vigencia de la democracia en el país, de construirla y cultivarla así como denunciar y resistir toda actuación que atente contra la misma.

En más de tres décadas se han sucedido una serie de actuaciones desde el poder político que ha buscado sólo el interés particular o partidario y no el bien común del país, acomodando leyes a su antojo y beneficio.

Más recientemente hemos asistido a continuas vulneraciones contra los derechos individuales y colectivos (restricciones a la libertad de expresión e información, persecución política a dirigentes y líderes, burla a la obligación de consulta previa, desconocimiento del Estado a derechos políticos, represiones violentas a marchas y protestas, injerencia del Ejecutivo sobre otros órganos del Estado, etc.) y junto a ello el desconocimiento de la voluntad popular expresado mediante un mecanismo de democracia directa y participativa (el referéndum del de 21F) y el abuso contra la Constitución Política del Estado (CPE), que sirve sólo para lo que conviene a algunos.

Tales situaciones han dañado y debilitado la democracia, que costó conseguirla y cuesta construirla, pero nada de eso parece importar frente a la ambición y el poder desmedido que plantea que sólo su actuación es justa y legítima, negando abusivamente otras visiones de la realidad y sin admitir cuestionamiento alguno.

Está en nuestras manos seguir construyendo una democracia sólida, basada efectivamente en la voluntad popular, dialogante con las diferencias, respetuosa del pacto social materializado en la CPE y que apuesta por el bien común, desterrando para siempre las ambiciones de poder que se eterniza.

Al pueblo le asiste el derecho a resistir cuando los gobernantes en el abuso del poder quieren persistir.