Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: lunes 28 de octubre de 2019
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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Bolivia inicia una semana de confrontación social. Por un lado, los sectores afines al MAS amenazan con usar la fuerza para levantar los bloqueos. En el otro frente, los cívicos advierten con radicalizar sus medidas de presión hasta hacer respetar el voto.
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Ante denuncias de fraude en las elecciones presidenciales, ocho de nueve departamentos, se movilizaron y organizaron cabildos exigiendo el respeto al voto y una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa.
A una semana de las movilizaciones, el sábado, el presidente Evo Morales advirtió que sus seguidores del área rural cercarán las ciudades, si los ciudadanos continúan el paro cívico.
El candidato a la presidencia, Carlos Mesa, deploró las amenazas de Morales y le aclaró que la gente no dejará de movilizarse en contra del denunciado fraude electoral y en defensa de la democracia. “No tenemos miedo ni nos dejaremos amedrentar por un gobierno que pretende acallar las voces ciudadanas que no van a cesar hasta que su voto se respete”, expresó Mesa.
El presidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Antonio Pumari, aseguró que esta semana será “clave”, más aún cuando el Gobierno “convocó a sus grupos de choque para generar una confrontación entre bolivianos”. Sostuvo que la solución al conflicto “está en manos del presidente Morales”.
Su colega, el cívico de Cochabamba, Juan flores, dijo a la población “no caer en la trampa de Morales” y pidió “no reaccionar” ante los grupos de choque.
En La Paz, los vecinos resolvieron bloquear, desde las cero horas, las principales avenidas de la urbe paceña en defensa de la democracia y el voto.
Frente a esa determinación, los dirigentes del transporte urbano convocaron a sus bases a tempranas horas para conformar “grupos de choque para garantizar el normal tráfico vehicular” en las zonas de Miraflores, Obrajes, Calacoto, Achumani, Irpavi, Cota Cota, Los Pinos, La Florida y otros barrios de la zona Sur de la urbe paceña.
Fuentes oficiales informaron que los mineros también se sumarán a esta medida. Al menos 1.000 mineros se concentrarán a las 9:30 en Cota Cota para luego proceder con el desbloqueo de las vías. “El objetivo es limpiar el camino hasta el centro paceño”, dijo una de las fuentes.
La ciudad de Santa Cruz cumplió su sexto día de paro indefinido en defensa del voto y la democracia. Advirtieron con radicalizar las medidas de presión.
Ayer se realizó un cabildo en el Plan 3.000, bastión del MAS. Ahí la población cruceña ratificó su apoyo a las acciones definidas por el Comité Cívico pro Santa Cruz para exigir la renuncia de Morales y de los vocales del Tribunal Supremo Electoral.
La federación de cocaleros de Mamoré-Bulo Bulo, haciendo caso a la convocatoria del presidente Morales, con piedras y carteles con la frase “No golpe de Estado ni al voto rural”, cerraron la carretera nueva que conecta Santa Cruz-Cochabamba.
Los choferes del transporte del Norte Integrado de Santa Cruz advirtieron a los cívicos con prevalecer su derecho al trabajo y la libre circulación por la fuerza, en caso de que los otros ciudadanos no levanten el bloqueo. Dieron un plazo hasta las 14:00 de hoy.
Por otro lado, el ejecutivo de la Federación Regional de la Chiquitania de Campesinos, Roberto Arias, anunció ayer que Santa Cruz amanecerá cercada el miércoles por las organizaciones sociales afines al MAS.
En el resto de los departamentos no se registró amenazas de afines al MAS. En Potosí, los bloqueos se mantienen sin confrontaciones. El Organismo Operativo de Tránsito, Bernardo Isnado, informó que las vías que conecta la Villa Imperial con otras ciudades continúan cerradas. En esta región aún no se registran amenazas de desbloqueo.
Reunión de cívicos
Hoy en la ciudad de La Paz, los dirigentes cívicos de ocho regiones tienen previsto reunirse desde las 10:00 en la Casa Social del Maestro para determinar nuevas acciones y definir el cerco al Palacio de Gobierno.
Los cívicos del bloque del sur, conformado por Potosí, Tarija, Chuquisaca y Oruro, convocaron a una movilización para el martes, 29 de octubre, con el objetivo de “cercar el palacio de Gobierno y realizar un cabildo nacional que defina la plataforma de lucha del pueblo boliviano”, se lee en una de sus resoluciones que aprobaron el sábado.
Exigen garantías para el trabajo de los periodistas del país
Trabajadores de los medios de comunicación exigen a las autoridades de Gobierno, organizaciones sociales y a la población garantías para trabajar en el país. Este pedido se realiza después de registrar casos de amenazas contra periodistas, camarógrafos, fotógrafos y técnicos, entre otros, durante las movilizaciones sociales tras las elecciones del 20 de octubre.
El sábado, la periodista de Red Uno, cuando cumplía con su trabajo, María José Mollinedo, fue víctima de amenazas por grupos de jóvenes que protestaban a pocos pasos de la residencia Presidencial, incluso los manifestantes indicaron que la quemarían.
"Sólo pedimos respeto y garantías a nuestro trabajo, de informar a la sociedad sobre los distintos acontecimientos”. Es la solicitud de los periodistas de diferentes medios de comunicación que realizan cobertura a las movilizaciones protagonizadas por sectores sociales, vecinos y colectivos ciudadanos en el país.
La Constitución Política del Estado y convenciones internacionales garantizan la libertad de expresión y la libertad de prensa, además protegen los derechos ciudadanos.
De acuerdo con la Asociación Nacional de la Prensa, al menos cinco periodistas y fotógrafos, en los departamentos de Chuquisaca, La Paz y Cochabamba, fueron afectados en las protestas.
Los periodistas de Santa Cruz también enfrentaron problemas en los puntos de bloqueo. Movilizados impidieron el paso de los diferentes equipos móviles que debían reportar los hechos.
La ANP pidió a todos los sectores sociales y a los responsables de cuidar el orden público el respeto al trabajo periodístico y evitar acciones violentas.
La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz exhorta a los ciudadanos, autoridades y no autoridades garantizar el trabajo periodístico y defender el derecho a la libertad de ser informado y respetar la integridad de los comunicadores, sin hacer distinciones del medio al que pertenecen.
