Se radicaliza la protesta

La situación en el país sigue empeorando, la entrega que hizo el Tribunal Supremo Electoral de los resultados del cómputo final, cerraron la posibilidad de que se revisen las irregularidades desde la perspectiva administrativa y electoral, precisamente porque bajo el principio de preclusión decisivo en esta materia, el proceso se ha consumado y los resultados solo pueden rectificarce si hay una solución política de la crisis. Por eso una Auditoria para establecer la existencia del fraude en esos términos se hace absurda, toda vez que después de comprobar el mismo, no habría posibilidad de introducir modificaciones en el recuento de votos, porque este apresuradamente concluyó. La solución tendría que ser política e implica que a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se convoquen a nuevas elecciones o a una segunda vuelta mediante una ley especial y tras un acuerdo político que sea aceptado por las partes en conflicto. Es evidente que el Gobierno Nacional busca tal acuerdo político y por eso se evitó que se recondujera el conteo de votos y se tramitaran las observaciones que han sido planteadas, tal postura tanto del Ejecutivo como de los Vocales en funciones, implica una apuesta por imponer una elección dudosa, sin que se haya dimensionado la peligrosidad de ello. El propio Presidente ha confirmado esta lógica mediante sus declaraciones, al decir: “hagamos auditoría y si hay fraude al día siguiente convoco elecciones”, lo que significa textualmente que asume que la decisión de rectificar lo sucedido es solo suya y depende de las condiciones y plazos que tenga una Auditoria que está por discutirse y sobre la cual tampoco se aclaró sí será vinculante. Es evidente que se le está pidiendo a los que protestan, que se limiten a esperar un tratamiento posterior e incierto de sus demandas, como si el problema no existiera y como si las instituciones del Estado tuvieran la credibilidad suficiente como para exigir al Pueblo tanta paciencia. Lo que no se entiende o no se quiere entender es que las elecciones generales no cumplieron su finalidad, no permiten conformar un gobierno legítimo, ni crean un marco institucional que haga viable la solución en esas circunstancias de la crisis. Al contrario, las dudas han crecido en demasía, después de que se han hecho públicas varias investigaciones y denuncias y como si fuera poco el Ejecutivo parece no tomar en cuenta el desprestigió que ya tenía el árbitro de estos comicios. Se exigieron pruebas y las pruebas aportadas parecen ser contundentes, al extremo de que el fraude puede ser tan grande que inclusive está bajo sospecha quién sería el ganador de las elecciones y con mayor razón es cuestionada la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque las denuncias demuestran que el fraude inclusive habría sido en ese ámbito aún mayor. Eso explica porque dentro de las movilizaciones existe una corriente muy fuerte que señala que se tienen que convocar a nuevas elecciones y que ir a una segunda vuelta con un Congreso electo, cuya legitimidad también es discutible, implicaría que el próximo gobierno podría tener una Asamblea Legislativa que no permita la gobernabilidad. Ese juego de suma cero, parece ser el marco en el que se desarrollarán los acontecimientos, cuidado que pierda el que está seguro de ganar, el conflicto es tan grande que involucra a la comunidad internacional, lo que sí está claro, es que se cerró la posibilidad de una salida simple, para una crisis política demasiado compleja.