En la medida en que el derecho es tanto la causa como la consecuencia del Estado, que proyecta a la nación, no debe de sorprendernos que tanto el sistema jurídico como la cultura jurídica que encarnen los gobernantes mantengan un estrecho vínculo no solo con la idea de pertenencia a la nación, sino esencialmente, al control y dominio amplificado sobre los poderes políticos y los segmentos más frágiles carentes de discernimientos razonables.
El escenario es el primer germen sembrado como golpe de Estado artesanal.
Aunque el derecho tiene la particularidad susceptible de encerrarse en pirámides normativas, capaz de armonizar los niveles nacionales, regionales y universales, lo evidente es, ya sea para bien o para mal, que la diversidad cultural impide una unificación sencilla en sus intereses comunes, cuando se opta por un paradigma alejado del sistema jurídico de los derechos humanos, por la primacía de herramientas legales perturbadoras que al usurpar las funciones autónomas de los poderes -sofistifican el golpe de Estado- con centenares de leyes y lo sacramentan con elecciones supuestamente democráticas en cadenas, con resultados: una veces preconcebidos, otras reducidas en el derecho de control, así como robando el voto del ciudadano y, finalmente, habilitándose como candidatos arrasando con los límites de la ley, la Constitución y los valores de la democracia.
Pero, ¿qué es el fraude electoral?
Según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual del Dr. Guillermo Cabanellas es: “Toda maniobra que lleva a alterar los resultados de una auténtica votación; más aún, cuando desprecia los votos emitidos a favor o en contra de determinados candidatos o, por extensión, el resultado de las respuestas formuladas en un plebiscito o referéndum”.
Reforzando esta concepción, resultaría incompleto no referirse al principio de lealtad constitucional que se ve quebrado cuando el Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Constitucional, Fiscalía General y el sistema de Gobierno no cumplen con los principios constitucionales esenciales y el Estado de derecho que los garantiza y, resulta burdamente atacada, cuando a través de más de 2.000 actas con falencias incrementaron el voto a favor de Evo Morales del MAS (Fuente: ing. Édgar Villegas y equipo de expertos en TVU), fraude que corrobora el Dr. Carlos Alarcón en la conferencia de prensa brindada el jueves, cuando al identificar cinco variables de alteraciones de datos con la tendencia de favorecer en las 24 horas de pausa del TREP, el TSE permitió a la empresa contratada de escaneo y traslado de datos alterar las cifras favoreciendo al MAS y restando votos a CC, considerando que 770 mesas debieron ser anuladas.
Haciendo énfasis que del hallazgo de 109.277 votos cuestionados podían modificar los resultados para validar una segunda vuelta.
Los votos libremente expresados por los ciudadanos en las urnas el domingo 20 son inviolables e inalterables.
De modo que el resultado del TSE como cómputo nacional electoral del 99,99% que otorga al MAS el 47,07% y a CC, el 36,51% es burdo y vergonzoso, porque el TSE censurablemente se ha sumado al “golpe democrático” con la trama del fraude democrático, que en el fondo es un robo al ciudadano y una ofensa a la dignidad humana y generaciones de niños y jóvenes, sin precedentes.
En la línea de recuperar la legalidad, la transparencia y confianza, tanto la Comisión de la OEA y el informe de la UE, al observar la interrupción inesperada en la transmisión y conteo de los resultados preliminares del sistema TREP, recomiendan que la mejor opción es ir a una segunda vuelta.
En principio parece ser una salida ideal, la pregunta es, si por el fraude identificado que alcanza a más de 2.000 actas traducidos en 109.277 votos cambiados a favor del MAS sin incluir las alteraciones de actas de los votantes de Madrid, Barcelona y otros países ¿se mantendrá invariable la composición de senadores y diputados a pesar del fraude demostrado?
En mi opinión, la nulidad debería ser de todo el proceso y con nuevo árbitro. Como no puede haber convivencia en libertad sin derecho, el informe del ministro de Justicia y del canciller en el Consejo de Seguridad de la OEA no sorprende a nadie cuando “niega que en Bolivia se hubiera incurrido en fraude y que el presidente Evo Morales fue nuevamente reelegido”, faltar a la verdad, califica como un intento de “alterar” la Constitución y Diego Pary sostiene que desde el 2005, 16 elecciones se han producido y somos un país profundamente democrático. Ninguna persona sensata dejaría de preguntarles si en Bolivia hay separación de poderes e independencia, si no se usurpan
las funciones de los órganos competenciales, si todos los poderes están bajo el control del presidente Morales y ¿si no es ilegal el periodo 2014-2019? ¿Si respetaron el Referéndum 21-F que les dijo No a la reelección? y si resguardan la Constitución para evitar ser “alterada”
¿Por qué se valieron del TCP para mutar la Constitución? Finalmente, cómo explican los resultados de la auditoría de la OEA de fines de 2017, que encontró en 2014-2019 48.759 cédulas repetidas, 99.775 ciudadanos registrados con libreta militar y 4.732 registros con ceros a la izquierda de la cédula y 8 casos con guiones.
La auditoría que aprueba Luis Almagro, socio visible del sistema de gobierno, será un nuevo baño de legitimidad al fraude democrático de 2019.
Julio Cesar Zabala dice: “Es mejor vivir la vida como desafío, lucidez, entendimiento, coraje y valentía hasta quitarse al opresor”.
