Por un lado, el ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció que mañana se sentarán las bases técnicas de la auditoría electoral que será realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA). Por el otro, el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, precisó que el Artículo 2 de la Carta de la OEA dice que uno de los propósitos centrales del organismo hemisférico es “promover y consolidar la democracia participativa dentro el principio de la no intervención”.

Blanco informó que ayer comenzaron el contacto con la OEA para firmar el convenio que viabilice la auditoría, donde se negociará sobre quiénes van a formar parte de la misión electoral. "Es algo que tiene que estar en los próximos días, ya se está trabajando, esperamos que muy pronto podamos tener el acuerdo suscrito para que la misión pueda iniciar", declaró al canal estatal.

La autoridad dijo que de corroborarse las irregularidades, las medidas a tomarse tendrán que analizarse en ese momento.

Con esta declaración, el Gobierno puso en duda  el caracter vinculante de la auditoría a los comicios que realizará el organismo internacional o que el convenio a suscribirse para tal efecto obligue al Gobierno a llamar a una segunda vuelta, que según explicaciones del oficialismo no está permitida por las leyes bolivianas y la Constitución Política del Estado.

"Si la auditoría arroja resultados que demuestren que ha habido un eventual fraude, entonces ahí se verá qué es lo siguiente. Pero no es que la OEA esté llamando a un balotaje, además que la CPE no lo permite, estaría sobrepasando lo establecido el artículo 2 de la Carta de la OEA", reiteró Blanco al momento de ponderar la decisión de la organización de acceder a la invitación boliviana.