La Defensora, informó que se identificó 57 detenciones y 29 personas heridas, entre ellas dos periodistas, una niña, dos adolescentes, una adulta mayor y 4 efectivos policiales, durante los incidentes ocurridos en distintos puntos del país durante esta semana.

Ante el clima de tensión y violencia que se vive desde el pasado lunes en el país,  la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, llamó a las agrupaciones y partidos políticos, organizaciones cívicas y sociales que convocan a movilizaciones a cuidar que estas se desarrollen en un marco de paz y no concluyan en hechos delictivos.

Exhortó a las fuerzas del orden a que sus intervenciones disuasivas estén enmarcadas en lo que dispone la norma y los protocolos de actuación policial en movilizaciones o protestas ciudadanas. Exigió además, dotar a los efectivos de los elementos necesarios para precautelar su integridad física, considerando la delicada labor que deben cumplir.

También convocó a los padres y madres de familia tomar recaudos en cuanto a la participación de sus hijas o hijos en las protestas convocadas; y a no exponer a niñas y niños a situaciones en las que puedan ser afectados física o psicológicamente.

De los 57 arrestos realizados por la Policía Boliviana  hasta hoy  persisten 29.

OEA

Cruz pidió  hoy que la auditoría al proceso electoral que llevará adelante la Organización de Estados Americanos (OEA), a solicitud del Estado boliviano, cumpla los principios reconocidos en la Carta de Organización de ese organismo internacional, establecidos en el Articulo 3, inciso a y b sobre el "Respeto a la Soberanía, Independencia" y "Libertad de Elección del Sistema interno y de No Intervención de otro Estado", a fin de coadyuvar en la resolución de la situación de conflicto que vive el país.

Sobre las observaciones a la última etapa del proceso electoral llevado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por parte de agrupaciones políticas, cívicas y sociales que ha derivado en movilizaciones violentas, la Autoridad defensorial instó a las agrupaciones y partidos políticos, organizaciones cívicas y sociales a que utilicen los mecanismos legales para demandar atención a sus observaciones y/o denuncias que pudieran tener. Pidió, asimismo, al Órgano Electoral Plurinacional y al Ministerio Público tramitar las mismas y en su caso establecer las sanciones que pudieran corresponder.

Manifestó que la desobediencia civil anunciada e invocada por distintas agrupaciones políticas, cívicas y ciudadanas, si bien está reconocida en legislaciones como la de Venezuela o Argentina, no forma parte del ordenamiento jurídico de Bolivia y además, en su configuración doctrinal no admite hechos o actos de carácter violento como los que se han registrado desde el 21 de octubre a la fecha.

Observó la falta de información y respuestas oportunas por parte del  TSE, ante los reclamos y denuncias de posible fraude de la población, de agrupaciones y partidos políticos en el desarrollo de la última fase del proceso electoral, lo cual generó incertidumbre respecto al mismo; así como las declaraciones de segunda vuelta o de victoria asegurada de candidatos presidenciales de forma anticipada, que generaron la sensación de incertidumbre o presunción de ilegalidad del proceso electoral, aspectos que han promovido una polarización innecesaria.